Ni pago electrónico, ni sectorización, ni tren

A un año de dejar el Gobierno, las promesas hechas por Luis Guillermo Solís en cuanto a movilidad urbana están muy lejos de cumplirse.

No se vislumbra en el horizonte la puesta en práctica del pago electrónico y la sectorización de los autobuses, mientras que el tren eléctrico interurbano pareciera una obra de ciencia ficción, si se considera que no hay dinero para desarrollar el proyecto y que la semana pasada, se nombró al tercer jerarca del Incofer en igual número de años. 

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Desde que Solís puso un pie en Zapote la flota vehicular aumentó en unos 200 mil automotores, incluidos unos 3 mil camiones de carga pasada y 2 mil autobuses.

El número de autos particulares se incrementa a un ritmo de 3 mil por mes, de acuerdo con el INS, que registra el pago de los derechos de circulación de los vehículos.

Esto ha hecho que algunos conductores tengan la percepción de que viven atrapados en una presa, ya que destinan tres horas o más, para ir y venir de la casa al trabajo. 

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El evidente atraso en el desarrollo de soluciones para mitigar el impacto de la presas, es responsabilidad del Gobierno, de acuerdo con varias cámaras autobuseras consultadas por LA REPÚBLICA.

“Es muy lamentable que no se hayan mejorado las condiciones de movilidad urbana, a través de proyectos como el de sectorización, pago electrónico y tren urbano. Hoy día, mucha gente prefiere estar atorada en una presa en su auto, antes que utilizar el servicio público, ya que no es atractivo. Lo único bueno, es que los aspirantes presidenciales están viendo este tema como una prioridad para la próxima administración”, dijo Silvia Bolaños, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes.

En ese sentido, los autobuseros señalan que presentaron al Poder Ejecutivo propuestas para desarrollar la sectorización y el pago electrónico, pero en la planificación el Gobierno no ha sido expedito.

En cuanto a la sectorización el MOPT no ha construido carriles exclusivos, ni mucho menos las terminales que serían fundamentales para que el proyecto sea exitoso.

Mientras que en el caso del pago electrónico existe un diferendo de cómo poner a funcionar el plan y si se incluiría en el pago de la tarifa.

“Mientras no haya una discusión abierta sobre la figura del negocio y cómo se va a tratar, siempre habrá intereses ocultos. No estamos hablando de una dificultad tecnológica, sino de intereses. Se habla de que grandes bancos se encarguen del sistema, pero eso a un costo que se trasladaría a los usuarios”, aseveró Luis Diego González, secretario de la junta directiva de la Cámara Nacional de Autobuseros.
Para la publicación de este artículo, LA REPÚBLICA envió un cuestionario a Liza Castillo, viceministra de Transportes desde la semana pasada, pero al cierre de edición no había respondido pese a las reiteradas solicitudes.

En el caso del tren eléctrico interurbano, no hay claridad sobre el plan que se pretende realizar de ahora en adelante, sobre todo si se consideran los tres cambios de jerarca de esta administración y el vaivén de propuestas que irían desde los $500 millones hasta los $1.600 millones.

Al margen de eso, lo cierto del caso es que la ley de fortalecimiento del Incofer que se aprobó en el Congreso hace un año y que fue celebrada con bombos y platillos por el Poder Ejecutivo, es inservible para poner en funcionamiento un sistema de trenes moderno, ágil y eficiente como desean los costarricenses.

Aunque dicha normativa le da al Incofer la autorización para endeudarse hasta por un 40% del valor de sus activos, no tiene nada con qué respaldar un préstamo, debido a que sus bienes son demaniales y no pueden salir de manos del Estado, confirmó Christian Vargas, exjerarca de la institución.

Rápido crecimiento 

Desde 2014 la flota vehicular ha aumentado en 200 mil vehículos, incluidos unos 3 mil camiones y 2 mil autobuses  (cifras en miles para todos los tipos de vehículos, total en millones).

Fuente INS, pago marchamo 2017