¿Qué es el caso Diamante?, la investigación por la que se detuvo a seis alcaldes y relaciona a Meco

El caso conocido como "Operación Diamante", que estalló esta mañana con la detención de seis alcaldes, consiste en un supuesto nuevo acto de corrupción, esta vez con el programa de mantenimiento de caminos municipales.

Al parecer, incluiría la entrega de dádivas como dinero, vehículos, viviendas, entre otros, para favorecer a una empresa constructora en al menos 15 proyectos de obra pública.

Lea más: Casa de Johnny Araya y Municipalidad de San José son allanadas por agentes del OIJ

En total involucra a ocho gobiernos locales y a la Constructora Meco, a los cuales se les dio un extenso seguimiento que se extendió entre abril de 2019 y agosto de este año.

Los alcaldes detenidos son Johnny Araya, de San José; Mario Redondo, de Cartago; Humberto Soto, de Alajuela; Alfredo Córdoba, de San Carlos; Arnoldo Barahona, de Escazú y Alberto Cole, de Osa, además de seis personas más, entre trabajadores municipales y representantes de las empresas, informó Glen Calvo, fiscal anticorrupción.

Además se investigan contratos en las municipalidades de Escazú, Siquirres y Golfito, amplió el fiscal a cargo.

Como parte del proceso judicial, esta mañana se realizaron 40 allanamientos en 58 estructuras en todo el país, en una operativo que contó con la participación de 600 agentes judiciales y 32 fiscales.

Incluyó la casa de habitación de los alcaldes de las municipalidades investigadas, los gobiernos locales, las oficinas del programa MOPT-BID y empresas dedicadas a la comercialización de mezcla asfáltica.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, se les investiga por, supuestamente, haberse estructurado contrataciones de obra pública de manera irregular.

Lea más: Johnny Araya sería suspendido 30 días sin goce de salario

“La hipótesis de trabajo que tiene el ministerio público que están investigando junto con el OIJ tiene que ver con actos de corrupción relacionados con licitaciones con construcciones, con pago de obra pública, con la facilitación de oportunidades irregulares a esta empresa y a una serie de personas vinculadas con ellas que les generaron ventajas y que produjeron dádivas y sobornos para los funcionarios públicos, detalló esta mañana Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial.

Agregó que se investiga el supuesto pago adelantado de facturas, el inicio anticipado de obras públicas y una serie de actividades que según ha establecido el ministerio fiscal son constitutivas de delito.