Nuevas reglas para explotación del agua desatan polémica

Con el objetivo de garantizar un uso sostenible del recurso hídrico, los diputados aprobaron anoche la aprobación de nuevas reglas para la explotación del agua.

La iniciativa que ha generado la molestia del Frente Amplio y grupos ecologistas, fortalecería al Ministerio del Ambiente como ente rector del líquido, por lo que de ahora en adelante, se requeriría una concesión para su explotación.

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Paralelamente, los campesinos, las Asadas —que son los acueductos rurales— y el sector agropecuario tendrían que pagar un canon por su uso, el cual será calculado por el Minae de acuerdo con las condiciones de la concesión.

“Hoy día la explotación del agua está prácticamente a la libre. No hay información fidedigna de cómo se está usando o abusando del recurso hídrico, no hay control de vertidos en los ríos, o sobre la contaminación de los mantos acuíferos. La idea es tener un mejor control y garantizar el suministro de agua para futuras generaciones”, dijo Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, quien señaló que la actual ley de aguas es de 1942.

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Otro de los elementos que incluye el proyecto de ley, es que las concesiones, que tendrán como plazo 20 años, no podrán ser individuales y por el contrario, será necesario que cualquier grupo interesado o individuo, se una con otros cuatro, para así obtener el permiso.

La constitución de estas sociedades tiene por objeto optimizar el uso del agua para fines agropecuarios y su justo aprovechamiento colectivo entre los socios, asevera Juan Marín, diputado de Liberación que defiende la propuesta.

En ese sentido, las sociedades deberán estar inscritas ante la Dirección de Aguas del Minae y ante el Registro Público.

La propuesta es impulsada por Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, el Movimiento Libertario y varios partidos minoritarios.

Por su parte, quienes se oponen a la ley consideran que se quiere ver el agua “como un bien mercantil y no como un derecho humano”.

“Actualmente es el Senara el que protege las aguas subterráneas y con el proyecto de ley, se le quita esa potestad, para dársela al Minae que es un organismo político. El agua debe ser considerada como un derecho humano, como lo ha señalado las Naciones Unidas”, dijo Freddy Pacheco, ambientalista.

Otro aspecto que incomoda a los ecologistas y al Frente Amplio, es el hecho de que la ley de recurso hídrico se aprobaría con un texto sustitutivo que fue supuestamente “negociado” con las cámaras empresariales, mientras que la iniciativa original surgió de una iniciativa popular con más de 150 mil firmas.

“La propuesta del diputado Juan Marín del PLN y de otros partidos, responde a las exigencias de algunas cámaras empresariales. Nos duele que se pretenda eliminar cualquier participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el agua, también busca abrir portillos para que la producción agroindustrial goce de los mismos beneficios que los usos domésticos, en términos de trámites, permisos y precio del servicio”, aseveró Edgardo Araya, diputado por el Frente Amplio.

Los cambios
Una serie de modificaciones que se pretenden incluir en cuanto al uso y explotación del recurso hídrico han generado polémica.

-Explotación no será de uso libre, sino que se requiere una concesión

-Se estructura al Minae como el órgano rector del agua, quien dará las concesiones

-Las licencias tendrán un plazo máximo de 20 años

-Las concesiones no podrán ser individuales, sino grupales con un mínimo de cinco representantes

-Acueductos rurales —Asadas—, empresas, campesinos y otros grupos que pretenden explotación, tendrán que pagar un canon

-Proyecto permite la exportación de agua embotellada

-Comunidades no darán aval para nuevas concesiones, tal y como pretendían ecologistas

Fuente Proyecto de ley