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Mismo salario para funcionarios avanza en medio de dudas

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 10 noviembre, 2020 02:33 p. m.


Dibujos de personas con monedas
Shutterstock/La República


El proyecto que establece un mismo salario para funcionarios públicos con iguales responsabilidades, avanzó al plenario para su votación en primer debate.

Aunque la iniciativa promete ahorrarle miles de millones de colones al Estado, y en ese aspecto ningún diputado lo cuestiona, existen diversas dudas.

Legisladores de Nueva República, Liberación y la Unidad manifestaron su preocupación, pese a dictaminarlo hoy.

Quitarle las potestades al servicio civil para trasladarlas al Ministerio de Planificación, es solo uno de los temas que los preocupa, no solo porque sería inconstitucional, sino también, porque otorgaría datos sensibles del sector público al gobierno de turno.

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Los mejores salarios del sector público solo podrían aumentar por costo de vida y no por pluses salariales, en caso de aprobarse la ley de empleo público.

Y es que si se valida un mismo sueldo para todos los burócratas por puesto laboral, se estaría fijando un límite de remuneración, haciendo que los servidores públicos que tengan una remuneración superior al salario estándar, solo podrán ver aumentado sus ingresos por el costo de vida sobre su salario base y no más por incentivos.

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“El Proyecto de Empleo público será una ley de relevancia histórica. Creamos un régimen unificado y moderno de empleo público conformado por ocho familias de puestos, para garantizar que quieren realizan la misma función reciban el mismo salario”, señaló el presidente de la Comisión de Gobierno y Administración, Víctor Morales Mora.

La iniciativa generaría un ahorro millonario al incorporar a toda la planilla del Estado, sin importar en cual institución laboren los funcionarios y sin tomar en cuenta si son nuevos trabajadores o llevan años laborando para el Estado.

Se estima que la nueva escala salarial y el salario global (sin pluses) generarán un ahorro promedio anual de ¢243.000 en todo el sector público no financiero.


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