Los monopolios privados no benefician al pueblo, incluyendo el monopolio del arroz

Recientemente han salido voces en defensa del actual modelo de sustentación de precios del Ministerio de Economía Industria y Comercio, MEIC, en especial con respecto al arroz. Aparte de los ataques personales que algunos realizan contra quienes nos oponemos a este modelo, incurren en un error de razonamiento adicional cuando afirman que nuestra oposición no es técnica ni fundada.

Es importante comenzar por entender que la industria alimentaria en general equivale a un poco más de $8 000 billones anuales en la cadena de suministros, según datos brindados por The Economist. En su artículo “The global food supply chain is passing a severe test”, la revista inglesa aboga por mantener los mercados alimenticios abiertos dado que la consistencia en el suministro de los alimentos no ocurre “debido a los gobiernos sino a pesar de ellos”.

Según un estudio realizado por Mata y Santamaría (2017), el arroz es el tercer alimento más importante en la dieta de los costarricenses, siendo que al menos uno de cada diez lo consume siete veces a la semana en un promedio de 45, 7 kilogramos por persona anualmente. Sin embargo, a pesar de la importancia del grano, el gobierno no ha buscado mantener en mente los intereses de los consumidores, y esto fue demostrado en el estudio realizado por las autoras antes citadas y titulado: “Impacto para el consumidor de la regulación de precios del arroz en Costa Rica”.

Es importante citar el estudio y a sus autoras, no solo por un tema de respeto a ellas como autoras, principal razón, sino porque las voces defensoras del modelo de sustentación de precios afirman que quienes nos oponemos lo hacemos sin bases. Cierto, es indiscutible que en este preciso momento, con un aumento de más de un 85% en el precio de los contratos futuros del arroz, las reservas actuales del grano permitirán que no haya variaciones abruptas en los próximos meses en Costa Rica, pero un análisis global de costo beneficio ha determinado que a largo plazo los consumidores nos hemos visto afectados por la aplicación de un modelo que ha beneficiado a los industriales y ciertos productores del arroz, pero no a los pequeños productores ni a los consumidores.

Varias fueron las conclusiones halladas por las investigadoras, pero conviene mencionar dos. La primera tiene que ver con el hecho de que el actual modelo de producción de arroz basado en producción de riego en vez de secano. En el primer caso se produce sin importar la estación del año porque el riego es continuo, en tanto que en el segundo depende de la estación y las precipitaciones. Extrañamente, no se le permita la producción de riego a los pequeños productores, quienes se han visto mayormente afectados.

El segundo caso atañe al hecho que el control de precios en el arroz no solo ha generado precios más elevados sino un detrimento en el poder de compra de las familias más pobres. Según el estudio citado, un 7,3% de los ingresos mensuales de estas familias se destina para la compra de arroz, lo cual es completamente desproporcionado.

El artículo 46 de la Constitución Política establece la prohibición de monopolios de carácter privado y la protección de los intereses de los consumidores. El MEIC no está haciendo eso y las voces defensoras de los grandes industriales y productores del arroz no han comprendido que también las personas pobres tienen que comer. En consecuencia, afirmar que el modelo sirve porque el precio no subirá súbitamente cuando los más pobres tienen que destinar más de un 7% de sus ingresos tan solo para comprar un alimento, sin contar todos lo demás, no es un ejemplo de la eficiencia del actual modelo de control de precios sino más bien de su injusticia, desproporcionalidad y necesidad de eliminación inmediata.