Las “excepciones” a la ley de empleo público

La semana pasada apareció Víctor Morales, ex ministro de Trabajo del PAC, ex ministro de la Presidencia de Carlos Alvarado, y ahora diputado acompañado por un par más de padres de la patria recomendando que los empleados que trabajan en organizaciones públicas “en competencia” no deben ser incluidos en la ley de Empleo Público que en la actualidad se tramita. Se puede imaginar que el razonamiento es que las empresas privadas pagan más y que no serían competitivas las públicas si fueran limitadas por la ley de empleo público. No pueden estar “maneadas” por esta ley nueva; no sería justo argumentan. No se debe permitir ninguna excepción; demostraría una falta de seriedad frente al organismo internacional.

La lista es extensa de las instituciones públicas que tienen competencia e incluye KOLBI, los bancos incluyendo BICSA, y el INS. Con la misma lógica se pudiera incluir a todos los que trabajan en Educación Pública incluyendo los docentes que tienen competencia de las escuelas, los colegios y las universidades privadas. Y qué tal todo el personal de atención médica de la CAJA – tienen la competencia de las clínicas y hospitales privados. De repente se estaría excluyendo a por lo menos 120 mil de los 315 mil empleados públicos.

Hay otros diputados, por ejemplo, él del PIN, presentando todo tipo de recomendaciones para reducir el impacto de la ley que forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI.

Cuando este gobierno logró que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas que fundamentalmente aumentó los impuestos de todos los costarricenses, se les preguntó a sus grandes proponentes como Rocío Aguilar sobre la rebaja en gastos y la promesa fue que dentro de un año presentaría una Ley de Empleo Público que sería la reforma necesaria para compensar por el impacto del IVA. El PAC es el partido de los empleados públicos y hubo mucha duda si cumpliría su palabra, pero los argumentos fueron fuertes y se aprobó el incremento de los impuestos.

Después la verdad es que el gobierno quiso dar largas al asunto de recortar gastos hasta que fueron forzados por la Asamblea Legislativa a presentar la Ley de Empleo Público (no había más financiamiento si no lo hicieran) y el proyecto está en trámite en la Cuesta de Moras.

Señores diputados, hay que ser serios. O incluyen a todos los que reciben sus ingresos del erario (pagados por todos los habitantes) o producirán una abominación legal que vendrá a molestar por muchos años en el futuro sin resolver nada.

Igual que el Ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central están haciendo campaña de relaciones públicas insistiendo que hay que aprobar todos los impuestos que negoció con el FMI el ejecutivo sin consulta, lo mismo es cierto con la Ley de Empleo Público.

Actualmente el Sector Público de Costa Rica es uno de los más caros del mundo—hay que reducir sus costos y una manera de hacerlo es con la ley de Empleo Público.

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