Exviceministro denuncia uso ilegal de su nombre en solicitud que hizo Unidad de Datos a Sugef

Al considerar que su nombre fue usado de manera ilegal para que la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (Upad), recopilara información, Juan Alfaro, viceministro de Hacienda, presentó ayer su renuncia.

En una carta enviada al presidente Carlos Alvarado, el exfuncionario público pide que se aclaren los hechos.

“Nunca autoricé ni participé en proponer un convenio que buscara acceder al Centro de Información Crediticia (...) Por esto, me es imposible permanecer en el equipo de Gobierno”, dijo Alfaro.

Y es que el exviceministro se queja de que un analista de datos de Casa Presidencial le envió a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), un borrador de confidencialidad, con el objetivo de acceder a datos crediticios. En el documento, aparece Alfaro representando al Ministerio de la Presidencia.

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Hasta mediados de febrero, Alfaro era viceministro de la Presidencia y luego pasó a Hacienda.

La salida de Alfaro se une a la de Daniel Soto, viceministro de Planificación, quien también renunció ayer por firmar el decreto que creó la Upad y que permitía a la unidad de datos acceder a información confidencial de los costarricenses.

La renuncia se dio un día antes de que fuera convocado a comparecer por la comisión investigadora del Congreso. La rendición de cuentas será hoy.

El otro funcionario público que dejó el cargo fue Luis Salazar, asesor legal de la presidencia.

La creación de una base de datos con acceso discrecional para el presidente, con toda la información de los costarricenses -incluida data confidencial-, fue considerada por diversos actores como “terrorismo de estado o policía política”.

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El uso de la información podría servir al mandatario para efectos de persecución, según quienes se oponen.

Sin embargo, el presidente ha negado las acusaciones.

“Nuestro compromiso para dar la información a órganos competentes sobre el tema del equipo de datos es absoluto (…). La mejor política pública, la libertad y el respeto a la privacidad son valores de este Gobierno y de nuestro país. En materia del decreto relativo al equipo de análisis de datos se cometieron errores, por eso hemos rectificado”, dijo Alvarado.

Alvarado y otros siete funcionarios del Gobierno son investigados por los delitos de: violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, confirmó la Fiscalía.

El viernes anterior la fiscalía realizó un histórico allanamiento en Casa Presidencial y otros nueve lugares, con el objetivo de recabar pruebas, en torno a la indagación que se realiza por la Unidad de Datos, la cual manejaba información de carácter confidencial de los costarricenses.