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Consolidando la institucionalidad democrática

Arnoldo Mora [email protected] | Viernes 29 mayo, 2009

Luego de haber vivido dos décadas de guerra civil (1970-1990), Guatemala y El Salvador viven hoy una etapa de consolidación de la institucionalidad democrática. Tal tarea es impostergable en estos países dado que han sido víctimas de sangrientas satrapías oligárquico-militares. La mayor amenaza de esta consolidación de las instituciones democráticas proviene de esos sectores minoritarios pero poderosos aún, acostumbrados a concebir el ejercicio del poder como una práctica sistemática de exterminio y genocidio dentro de un régimen de terror. Desplazados hoy del poder como consecuencia de elecciones democráticas, las elites oligárquico-militares no se habitúan a la paulatina pero inexorable pérdida de sus privilegios, tan obsoletos como odiosos. A la sombra de gobiernos que les eran afines, se enriquecieron aún más recurriendo al lavado; incluso es ya un secreto a voces que algunos sectores del ejército, especialmente en Guatemala, se han ligado a las mafias de narcotraficantes. Se sospecha igualmente que estos grupos tienen sus ramificaciones en otros países de la región, especialmente en el vecino El Salvador. Por eso, la investigación de todos esos sectores, incrustados tanto en la policía como en agrupaciones políticas, y la consiguiente depuración de las instituciones democráticas es la tarea prioritaria que deberá emprender el presidente Funes en El Salvador.
Hoy esa tarea la está llevando a cabo, con grandes limitaciones aún, el primer presidente no escogido por la oligarquía y los militares en Guatemala desde el fin de la primera y prometedora experiencia democrática de ese país, en tiempos de Arévalo y Arbenz (1944-1954) y la posterior dictadura, la más sangrienta de la región (200 mil muertos especialmente entre los indígenas). Fue precisamente por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y de la instauración de una democracia real, que Alvaro Colom ganó las últimas elecciones y ahora está dispuesto a combatir la impunidad y a depurar los cuerpos de policía y del ejército, todo dentro del marco de la aplicación de los acuerdos de paz, todavía hoy en gran medida incumplidos.
Ante la amenaza en Guatemala de un golpe de estado que provocaría una grave inestabilidad en la apenas incipiente institucionalidad democrática, los gobernantes de la región y el Secretario General de la OEA han dado un espaldarazo al presidente Alvaro Colom por haber apoyado a la Comisión contra la Impunidad de la ONU, liderada por un destacado juez español, a fin de que investigue el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, tétricamente anunciado por él mismo poco antes de ser perpetrado. Con ello habría garantías de que se llegará al fondo de la verdad y se dará un significativo paso en el intento del presidente Colom por acabar con la impunidad en un país, que también necesita disminuir la brecha social mediante la instauración —al igual que debe hacerlo Costa Rica— de un régimen impositivo más equitativo y a través de instituciones democráticas sólidamente consolidadas. Eso sería el mejor regalo, no solo para Guatemala, sino para toda la región.

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