¿Cambiará algo en Costa Rica como resultado de las elecciones 2022?

Hace todavía dos años, ante el manifiesto desgaste del segundo gobierno del PAC y un poco antes del inicio de la pandemia, el electorado costarricense albergaba grandes expectativas de cambio con miras al proceso electoral presidencial del 2022.

Sin embargo, la desilusión que embarga hoy en día al electorado a sólo dos meses de las elecciones es extrema, y se manifiesta por el alto porcentaje de indecisión sobre cual candidato elegir, ya que todos ellos proponen casi lo mismo muy probablemente a causa de que los economistas y asesores de campana conocen perfectamente la cruda realidad nacional y no se atreven a proponer soluciones revolucionarias y factibles ante la innegable condena a vivir los futuros 25 años pagando una altísima deuda pública, manteniendo una operación estatal sumamente cara e inútil, enfrentando un crecimiento económico exasperadamente lento, y viendo impotentemente como las redes de la corrupción y el narcotráfico devoran el tejido social que tanto nos costó construir.

El monto de la deuda pública está por llegar a los US $ 52 mil millones de dólares según la más reciente publicación del Ministerio de Hacienda. Aun cuando los futuros gobiernos intentasen o se comprometiesen ante el FMI a pagarla con abonos de US$ 500 millones de dólares anuales, provenientes del ahorro fiscal y de los préstamos a baja tasa de interés con el mismo FMI, nos llevaría 104 años lograrlo. Y para lograr ahorrar US$500 millones anuales se va a requerir incrementar la recaudación fiscal en ese mismo monto, a reducir los gastos en esa misma cantidad, o en lograr US$ 250 millones tanto en ingreso como en recorte presupuestario. Lo más probable es que no se logre ni lo uno ni lo otro, y que la deuda se estabilice en los US$ 52 mil millones varios decenios más. En ese muy probable escenario, los futuros presupuestos de la república estarán obligados a destinar un 50% para la amortización de deuda y pago de intereses.

GASTO PUBLICO EN ETERNO CRECIMIENTO

Por más leyes de regla fiscal que se aprueben, siempre quedaran portillos legales a los que recurrirán múltiples instituciones que terminaran evadiendo esa obligación. Al darnos cuenta de que el gasto en educación ha sido prácticamente inútil, siempre surgirán argumentos de sectores que propondrán incrementarlo con el fin de lograr los objetivos educativos que asumimos al afiliarnos a la OCDE. Y si no es en educación, el incremento será en seguridad publica o en salud. Las asambleas legislativas han demostrado que, a pesar de ser de oposición, siempre terminan aprobando los proyectos de presupuestos que envía el poder ejecutivo para convertirlos en ley de la república y por ende, todos terminaremos cumpliendo. Este gasto muy probablemente nunca sea menor al otro 50% del presupuesto ordinario.

SATANIZACION DE LA INVERSION EXTRANJERA

Si bien es cierto que la economía podría crecer no solo recortando el gasto, sino que, incrementando el ingreso de capital foráneo, la realidad está demostrando que la complejidad de nuestro marco legal va a impedirlo de una u otra manera. Las trabas para invertir en grande en CR son inmensas, de manera que tendremos que conformarnos con el crecimiento gota a gota que nos llega en inversiones extranjeras por la vía de atracción de capacidad productiva para empresas en zonas francas que CINDE realiza desde hace varias décadas. Esta mas que demostrado que los mejores salarios del país en el sector privado se pagan en esas empresas y que para generar un empleo se requiere de por lo menos US$ 25,000 en maquinaria con inversión extranjera y de otros US$ 5,000 en infraestructura con capital nacional. Aun cuando sabemos lo anterior, se continúa presionando desde las bancadas mas estatistas como las del FA por alejar estas inversiones con proyectos de ley para tasar impositivamente el valor del trabajo agregado a los procesos de maquila en dichas zonas francas. En el 2007, las IED llegaron a alcanzar un 9% del PIB, actualmente apenas sobrepasan el 3,5%.

AGOTAMIENTO DEL AHORRO NACIONAL

El sistema de retiro y pensiones del país todos sabemos ya colapsó, y es cuestión de pocos años para que vivamos su verdadero impacto. Con el régimen de pensiones de la CCSS lo único seguro que tenemos es una pensión cada vez más reducida para los próximos 30 años. No se vislumbra por el momento una solución realista y prometedora para esta crisis en el horizonte, la cual enviará al sector más viejo de la población a un retiro en práctica pobreza. El agravante económico que pone en riesgo el valor real de los fondos de pensión complementaria es su excesivamente alto porcentaje de colocación en bonos de hacienda. Un colapso financiero estatal implicara el inmediato colapso total del valor en esos fondos de retiro y el agravamiento de la pobreza costarricense.

EL ESTATISMO SE FRAGMENTA MOMENTANEAMENTE, pero tiende a su recuperación

Indicábamos al inicio de este enfoque que el electorado costarricense está sumamente indeciso sobre cuál de los 25 candidatos elegir, aun cuando los sondeos indican un retorno al bipartidismo estatista con liberación y la unidad con mayoría de intenciones de voto. El PAC está prácticamente liquidado no solo por el claro rechazo de Albino Vargas y los sindicatos del estado, en su cada dia más firme pase de factura, sino que por su mal manejo de la pandemia y de la recuperación económica en general. Se coloca en tercer lugar el candidato del FA, José María Villalta quien probablemente termine siendo el escogido de Albino Vargas y sus sindicalistas estatistas. El ala liberal del espectro político con Otto Guevara de nuevo como candidato a diputado por la Unión Liberal ha sido severamente golpeado con la sentencia judicial claramente política de cárcel e inhabilitación para cargos públicos. El silencio al respecto de los otros dos partidos liberales en contienda viene a demostrar que temen embarrarse con esa sentencia y que esperan nutrirse de los votos que perderá irremediablemente la UL. Aun cuando los liberales consigan colocar algunos diputados, esta representación no será de gran peso opositor dada la más amplia diversidad de partidos políticos en esta pugna. Así como indican las encuestas, el estatismo terminará triunfando en las próximas elecciones y la composición opositora de la nueva asamblea muy probablemente terminará sometida a las políticas poco renovadoras, conciliadoras y muy negociadoras del futuro gobierno.

Entonces ¿Qué podemos esperar del resultado de las próximas elecciones?

Definitivamente una segunda ronda electoral dado que ninguno de los contendientes se acerca al 40% del total del voto requerido por ley para ganar en la primera ronda. En esa segunda ronda el peso del elector del sector público (los fieles 900 mil votos a los que siempre alude Albino Vargas) se hará sentir de nuevo a favor del candidato que les prometa los mínimos cambios en reducciones presupuestarias y en apertura del modelo económico que sigue beneficiando a los entes monopólicos del estado. El sector publico se siente traicionado por el PAC y por el presidente que eligieron ya que cedió ante la presión económica que en alguna medida le impuso la pandemia y el agotamiento del caro financiamiento local, proponiendo primero un impuesto al valor agregado y después una legislación en materia de empleo público que consideran adversa a sus intereses.

Los futuros gobiernos conservadores y fielmente estatistas dejaran a los gobiernos del PAC como referentes históricos que se atrevieron a impulsar grandes cambios en la contención del gasto público con la ley de ajuste fiscal, en la compra de deuda pública con el convenio con el FMI, en la adaptación del país al futuro energético del planeta con su plan de descarbonización y con ley en pro de la generación distribuida, así como en la inserción del país en la élite de la OCDE.