Actualizar ley de aguas para garantizar protección, acceso universal y uso racional se volverá a intentar

Costa Rica tiene una ley de aguas que data de 1942 y durante muchos años se han realizado intentos para crear una nueva legislación del recurso hídrico, con el objetivo de garantizar la protección, el acceso universal y el uso racional del preciado líquido.

Sin embargo, el fracaso ha sido siempre el resultado. El último intento fue en 2020, cuando el proyecto que fue aprobado en primer debate quedó archivado y no pudo ser votado en su trámite final debido a la pandemia y al vencimiento del plazo cuatrienal de la propuesta.

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La iniciativa archivada, que contaba con el apoyo del gobierno de turno, planteaba multas más fuertes por contaminar o dañar afluentes, establecía zonas de protección alrededor de nacientes o ríos y la creación de un canon por concesiones para el uso del agua.

Es por ello que la necesidad de una nueva legislación del recurso hídrico en Costa Rica se mantiene vigente.

En ese sentido, diputados, empresarios y otros actores que participaron en un conversatorio, plantearon la importancia de abrir nuevamente un diálogo entre todos los sectores para alcanzar un acuerdo definitivo.

Óscar Izquierdo, diputado de Liberación Nacional (PLN) e impulsor del conversatorio, confirmó a LA REPÚBLICA que ya se encuentra preparando una propuesta, por lo que dentro de las próximas semanas escuchará a los distintos sectores involucrados en el tema.

“Vamos a impulsar una nueva legislación, son muchas las razones, para empezar una Ley de Aguas con 80 años, en un país que hoy es completamente distinto. Los legisladores de aquel entonces fueron visionarios para construir una ley que nos ha permitido mantener un orden, pero ese orden está completamente rebasado en todos los aspectos, el recurso hídrico es vital para las comunidades y el desarrollo económico del país”, dijo Izquierdo.

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Diferentes sectores estarían participando dentro de la propuesta, por lo cual el legislador aseguró que conversará también con grupos ambientalistas para la construcción de la iniciativa, que espera puede ser presentada en alrededor de dos meses.

“Es un proyecto que no es solamente agua potable, es el recurso hídrico como tal, por lo cual en un par de meses podríamos tener una propuesta concreta sobre el proyecto de ley”, agregó Izquierdo.

Los 80 años de promulgación de la Ley de Aguas, es un motivo para que se piense seriamente en establecer reformas a la legislación, de acuerdo con José Álvaro Jenkins, presidente la Unión Costarricense de Cámaras (Uccaep), quien participó en el conversatorio.

La gobernanza del recurso hídrico, la inversión para el desarrollo de infraestructura pública y buscar la eficiencia en el uso y administración del recurso hídrico son los puntos primordiales que debe tener una nueva legislación, según Jenkins.

Y es que Costa Rica es el segundo país de América Latina con la legislación del recurso hídrico más antigua, indicó Irene Murillo, representante de la sociedad civil

“Tenemos 22 años de estar discutiendo distintas versiones y distintos proyectos de ley de agua, empezando por uno que nunca llega a votarse y uno de iniciativa popular que fue desechado por vencimiento de plazo, algo que duele hasta decirlo; quisiera creer que esta vez, porque lo necesitamos, vamos a poder lograr una reforma integral a nuestra Ley de Aguas de 1942 y con eso celebrar sus 80 años”, dijo Murillo.

Ante la consulta del conversatorio si es necesaria una nueva Ley del recurso hídrico, Franz Tattenbach, ministro de Ambiente y decidió evadir la respuesta, pero señaló que si es necesario avanzar en el tema de la gobernanza del recurso hídrico.

Representantes de Asadas, municipalidades, sector empresarial, de Acueductos y Alcantarillados (AyA), del gobierno y diputados fueron parte de las personas que acudieron a este conversatorio que planteó la necesidad de actualizar esta legislación.

Costa Rica inició el proceso para elaborar una nueva Política Hídrica Nacional y el Plan Nacional para la gestión integrada de los Recursos Hídricos, con la intención de gestionar de manera óptima y sostenible del recurso hídrico y que se garantice el derecho humano al agua a las personas.