Repensando el Ranking de Libertad de Prensa

La estrepitosa caída de Costa Rica del puesto 5 en el año 2021 al puesto 36 en este 2025, en el Índice de Libertad de Prensa Mundial elaborado y publicado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) basada en París, Francia, ha generado una comprensible preocupación en los medios locales, las instituciones y, sobre todo, la opinión pública. Costa Rica, que ha sido reconocida históricamente como un faro de luz en gobernanza democrática y libertades de prensa en todo el mundo, ahora se encuentra cuestionada por una métrica internacional que, a pesar de su gran influencia, es en cierta forma opaca. A pesar del admirable compromiso de RSF en la defensa del periodismo global, las limitaciones del Índice en cuestión y las consecuencias políticas de sus rankings merecen un escrutinio cuidadoso.

RSF evalúa países utilizando cinco indicadores temáticos, a saber: contexto político, marco legal, presiones económicas, ambiente sociocultural y seguridad. La caída de Costa Rica ha sido vinculada con las tensiones verbales entre oficiales de gobierno y periodistas, la percepción de acoso en internet e incluso se menciona la cancelación de suscripciones a medios en la Asamblea Legislativa siguiendo políticas de austeridad fiscal, entre otras. Sin embargo, hay que preguntarnos: ¿justifican estos cambios una caída de 31 puntos en cuatro años? ¿Será más bien que esta caída refleja cambios en los puntajes de otros países en lugar de un deterioro significativo en Costa Rica?

Esta no es una pregunta menor. El Índice tiene un diseño relativo, en el sentido de que el ranking de un país puede caer, aunque su situación de libertad de prensa se mantenga estable, simplemente debido a que otros países mejoraron. Exactamente este punto fue el que presentó el gobierno de India cuando rechazó de plano la evaluación realizada luego de que cayera del puesto 142 al 150 en el 2022 y luego al 161 en el año 2023. Las autoridades de la India citaron que el Índice utiliza una muestra limitada, métricas indefinidas y una cuestionable transparencia como razones para tratar sus resultados con escepticismo.

En otros ámbitos, RSF ha sido criticada por la opacidad de su metodología. Investigadores como Schönfeld (2024) y Pearson (2012) han subrayado el limitado número de encuestados, en ocasiones incluso llegando a solamente tres por país, así como el uso de criterios subjetivos que no son difundidos públicamente. Pearson, por ejemplo, ha mencionado que, si bien el índice es útil para promoción, está ausente de precisión científica y no debe ser usado como un marco de referencia definitivo. Estas críticas ponen sobre el tapete cuestionamientos fundamentales sobre la neutralidad y solidez de una herramienta que trae consigo un importante peso diplomático y reputacional.

Otro factor que ha contribuido a las preocupaciones sobre RSF es su financiamiento. En el 2005, reconocieron haber recibido apoyo de parte del Center for a Free Cuba, institución financiada por el National Endowment for Democracy (NED) de los Estados Unidos, a su vez financiado por el Congreso de ese país. A pesar de que RSF indicó que esos fondos fueron utilizados para realizar acciones humanitarias en África, críticos como la periodista Diana Barahona indicaron en The Guardian que estas donaciones sucedían mientras la RSF incrementaba sus críticas hacia gobiernos enemigos de Estados Unidos, específicamente Cuba. Si bien RSF terminó su vinculación con el Centro para una Cuba Libre para evitar conflictos de interés, los cuestionamientos alrededor de este tipo de situaciones y su financiamiento se mantienen hasta la fecha, especialmente en ese tipo de casos en que las críticas a la libertad de prensa parecieron concentrarse en países que se encontraban en pugnas estratégicas o ideológicas con los Estados Unidos.

Importante resaltar que muchos países de Occidente han cuestionado la información que presenta RSF. Países europeos han mostrado preocupación. El Reino Unido, por ejemplo, experimentó respuestas desfavorables del público cuando el puntaje de su país cayó luego de que el legislativo pasara cambios afectando las protecciones a los periodistas. Francia, el país base de RSF, ha sido cubierto de forma crítica en los reportes y, sin embargo, oficiales franceses en ocasiones han criticado la organización por la manera en que presenta protestas e intervenciones policiales. Igualmente, en Dinamarca y Países Bajos se ha criticado cuando incidentes específicos han sido magnificados sin realizar un análisis contextual amplio. Claramente, países de corte autoritario han relativizado la legitimidad de RSF. China, Rusia y Pakistán han denunciado la organización formalmente, acusándola de promover la agenda de “Occidente”. Si bien es cierto que estas denuncias son claramente estratégicas, en ocasiones son un reflejo legítimo de preocupaciones académicas: metodología limitada, puntos ciegos en materia ideológica y, finalmente, influencia de sus donantes.

A pesar de lo anterior, la misión de RSF de defender periodistas y la libre expresión es hoy día más importante que nunca. Sin embargo, las herramientas deben ser juzgadas con el mismo rigor con que ellos las aplican a los sistemas políticos que monitorean. Transparencia metodológica, diversidad y amplitud de muestras, y protecciones contra los conflictos de interés son esenciales si RSF desea mantener su autoridad. Para países como Costa Rica, con fuertes instituciones democráticas, una prensa floreciente y una activa sociedad civil, se requiere un análisis más pausado y mesurado. RSF debe reflexionar en el daño reputacional a nivel internacional que, de forma desproporcionada, se le hace al país, claramente sin intención, pero como resultado de la falta de solidez en su metodología y la estructuración del ranking.

En momentos en que el discurso global sobre la libertad de prensa se politiza de manera incremental, debemos demandar más de las instituciones que lo forman. El índice de RSF debe ser una entre muchas herramientas utilizadas para interpretar, en base al contexto local, la evidencia institucional y la transparencia de datos. Si bien la democracia de Costa Rica no está por encima de la crítica, lo cierto es que sí merece una evaluación neutra, apolítica, con solidez metodológica y, sobre todo, justa. Al final, nuestro compromiso como país con la libertad de prensa debe incluir un compromiso paralelo con la rigurosidad y el balance de las evaluaciones de esa libertad.