Diputados estudian iniciativas para que Internet y telecomunicaciones lleguen a toda la población
Proyectos para garantizar mayor acceso a las TICs quedarían en papel por burocracia, según expertos
Falta de coordinación entre autoridades bloquea reducción de brecha digital
Andrei Siles [email protected] | Miércoles 22 marzo, 2023
Incluir las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) como parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos es lo que propone un proyecto de reforma al artículo 24 de la Constitución, el cual obtuvo recientemente el voto a favor de la Sala IV.
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De hecho, este órgano judicial ha venido dictando jurisprudencia desde hace más de una década sobre el acceso a Internet como derecho fundamental, dado que a través de este se acceden a otros de igual naturaleza como la salud, trabajo, educación y hasta el ocio, lo cual estuvo reflejado particularmente en la pandemia.
No obstante, estas intenciones podrían quedarse solo en papel a no ser que se tomen decisiones urgentes que demanda el sector telecom del país, como la redacción del reglamento a la Ley de Infraestructura de Telecomunicaciones, así como la recuperación total de las frecuencias para la explotación de 5G, coinciden expertos consultados por LA REPÚBLICA.
“Que no se crea que, por solamente incorporar este derecho en la Constitución Política, por generación espontánea vamos a tenerlo por cumplido. El Estado debe garantizarlo creando el entorno habilitador permitiendo el despliegue de telecomunicaciones sin barreras, así como la gestión eficiente del espectro”, comenta Edwin Estrada, consultor en telecomunicaciones.
A este contexto se suma la atención de grupos vulnerables que deben ser amparados no solo por la aplicación de una reforma constitucional, sino a través de subsidios focalizados, según Juan Manuel Campos, presidente de la firma Ciber Regulación.
Y es que, a la luz de democratizar el acceso a este servicio, se une una iniciativa presentada la semana anterior por Johana Obando, diputada del partido Liberal Progresista, con el cual se pretende disminuir a un 1% el Impuesto al Valor Agregado a los servicios de Internet, entre otros alcances.
“Este proyecto busca beneficiar a miles de costarricenses que a la fecha no cuentan con este servicio en sus hogares. Reducir la tarifa del Impuesto al Valor Agregado del 13% al 1% sin duda permitirá que muchos niños y niñas puedan tener acceso a este servicio básico”, indicó Obando.
Como otro aporte a la universalización de las redes, particularmente aprovechando la telefonía móvil como vehículo a través del cual se puede llegar a zonas más remotas, promover una estrategia de compartición de torres de telecomunicaciones podría traer grandes beneficios para disminuir la brecha digital, dado que este representa un modelo más rentable para las operadoras.
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“Costa Rica ha avanzado sustancialmente en despliegue de tecnologías, pero hay una porción de la población a la cual todavía no llega la banda ancha móvil, y en este marco la compartición de infraestructuras puede ayudar a que la inversión compartida de los diferentes operadores se traduzca en una cobertura más eficiente”, indica Raúl Katz, asesor de Telecom Advisory Services.
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La opinión de las Cámaras
Apuntar hacia una mayor efectividad en los programas de conectividad hacia poblaciones vulnerables, así como el crecimiento en la infraestructura de telecomunicaciones sin barreras es el camino para avanzar en la democratización del Internet, comentaron los presidentes de las principales Cámaras empresariales de este sector a LA REPÚBLICA.
Paul Fervoy
Presidente Cámara Tecnologías Información Comunicación
“CAMTIC lo apoya (el proyecto de reforma al artículo 24 de la Constitución) que es inherente a los objetivos y acciones de la Cámara. Es importante fortalecer y ampliar FONATEL para apoyar a sufragar los costos de ejercer ese derecho de los más vulnerables; así como apoyar la conectividad de las pymes”.
Mario Montero
Presidente Cámara de Infocomunicación y Tecnología
“Siempre estaremos a favor de iniciativas que promuevan un incremento en la conectividad, pero ‘el frío no está en las cobijas’. El problema está en la ejecución, tanto en los programas de FONATEL como en la tramitología para instalar torres o postería, que puede demorar hasta 24 meses en resolverse”.
