Por afectar “seguridad jurídica y empleo”, industriales adversan Acuerdo de Escazú

Pese a que el sector industrial asegura estar comprometido con el ambiente a través de medidas que apoyan la descarbonización del país, adversa el Acuerdo de Escazú, iniciativa que se discutirá en la Asamblea Legislativa.

Esto debido a que su ratificación “atenta contra la seguridad jurídica y el empleo”, justificó la Cámara de Industrias en un comunicado.

Asimismo, el proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad que deben ser revisados y que no se deben aprobar, según Enrique Egloff, presidente de dicha cámara.

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Entre ellos mencionó que se invierte la carga de la prueba, al tener la empresa que demostrar que no está incurriendo en una falta o un daño ambiental si es acusada, desestimando la presunción de inocencia garantizada en la Constitución.

También, el acuerdo amenazaría con la paralización de la producción o inversión de cualquier empresa, al comprometer al Estado a darle al acusado medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño.

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Otra crítica se vincula a un presunto exceso de normativas, ya que todos los aspectos positivos en que regula el Acuerdo ya han sido desarrollados e implementados en Costa Rica “en un amplio conjunto de leyes y reglamentos que responden a la Constitución, a normas internacionales y nacionales existentes”.

Asimismo, preocupa a los industriales el uso de un lenguaje ambiguo y poco técnico lo que induce fácilmente a errores de interpretación, al incluir la definición de “autoridad competente” a organizaciones privadas, “usurpando potestades públicas por parte de organizaciones particulares”.

Elevado riesgo de litigiosidad internacional, falta de protección de la información confidencial y la contravención de la regla según la cual los actos administrativos deben ser emitidos a partir de la ciencia y la técnica, son algunos otros de los vicios que la Cámara señala al proyecto.

El tratado mencionado es un acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que tiene como centro el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos de este tipo.

Lleva el nombre de la ciudad josefina, precisamente porque fue el lugar donde se firmó.