Especialista analiza proyecto sobre repositorio biométrico discutido por diputados
Plan que crearía sistema de identificación único amenaza intimidad de los ticos
Costa Rica sería el primer país en permitir la comercialización de datos personales
Jeffry Garza [email protected] | Martes 15 diciembre, 2020
El anonimato o la intimidad de los datos personales de los costarricenses podrían verse afectados, de aprobarse el proyecto de ley para la creación de un repositorio nacional de datos biométricos.
Así lo considera Mauricio París, socio de ECIJA Legal y especialista en Protección de Datos, tras ser consultado por LA REPÚBLICA.
Los datos biométricos comprenden las huellas dactilares, el ADN, la lectura de la retina o el iris, el reconocimiento facial, de la voz, o vascular; la geometría de la mano y hasta conductas, como la forma de escribir en un teclado o de firmar.
El proyecto daría facultades al Estado para recabar datos biométricos sin límite alguno, con el fin de facilitar el trabajo del reconocimiento de personas que cometan algún delito y homologar la información de identidad que recaba el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
El TSE también tendría potestad para comercializar estos servicios con empresas estatales y privadas, en caso de que alguna necesite corroborar la identidad de una persona.
De aprobarse esta iniciativa, que está en estudio en la Asamblea Legislativa, Costa Rica sería el primer país del mundo en permitir la comercialización de este tipo de datos personales, según París.
A través de la videovigilancia se podría identificar a cualquier persona con reconocimiento facial, incluso en espacios privados; así como los vehículos en carretera, que podrán ser seguidos y fotografiados sin consentimiento de los propietarios, de acuerdo con la iniciativa de ley.
El texto también propone combatir la suplantación de identidad, con un sistema único de verificación administrado por el TSE; sin embargo, París discrepa que esto vaya a ser así, ya que la comercialización de los datos facilita los fraudes.
“El camino al infierno está plagado de buenas intenciones, y sin duda este proyecto es un buen ejemplo de lo anterior, ya que atropella el derecho a la intimidad de los habitantes y, sobre todo, el de protección de datos personales”, añadió el abogado.
El proyecto tampoco fue consultado a la Agencia de Protección de Datos Personales de los Habitantes (PRODHAB) por la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, que lo dictaminó de forma positiva.
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De estas aseveraciones se desmarca Daniel Ulate, diputado de Liberación Nacional e impulsor del proyecto de ley.
“Eso habría que preguntárselo a los diputados que integran la Comisión, sin embargo, Servicios Técnicos envió un informe de consultas obligatorias y la PRODHAB no venía en ese informe, ya que el proyecto no implica una transferencia de datos”, explicó Ulate.
El diputado también negó que fueran a comercializar los datos de las personas como una mercancía, ya que el TSE lo que ofrece es un servicio de verificación de identidad respaldado por el Código Electoral, si alguna empresa o institución así lo solicitara.
“Mi único fin con el proyecto ha sido ahorrarle recursos al Estado porque de no aprobarse, continuaría abierta la posibilidad de que las instituciones inviertan miles de millones de dólares en motores biométricos de forma aislada y desarticulada, y de que existan, en un mismo Gobierno, bases de datos segregadas”, agregó el legislador.
SOBRE EL PROYECTO
La iniciativa de ley tiene tres puntos esenciales, descritos por Daniel Ulate, diputado impulsor del proyecto:
- Evitar que existan bases de datos segregadas en el Estado.
- Confiar el repositorio del TSE, una institución que en esencia es neutral.
- Evitar que el Estado realice gastos innecesarios al permitir compras aisladas y desarticuladas de sistemas biométricos.
