COLUMNISTAS

Los pymes no agradecen a los educadores

Carlos Denton [email protected] | Miércoles 09 enero, 2019

No sé si los pequeños empresarios de Jacó tienen opiniones iguales a los 300 mil a nivel nacional, pero estos repudian a los educadores huelguistas.

Tuve la oportunidad de conversar con varios en la última semana del año y encuentran que abusaron con el paro de labores y que no merecen recibir su salario por los 90 días que no dieron clases.

Si uno camina por las aceras de lo que es el pueblo de Jacó rápidamente se da cuenta que hay empresas para todos los gustos. Se alquilan tablas de surf, bicicletas y cuadraciclos. Hay tiendas que venden bikini, ropa de playa, joyas, chancletas, paños, y todo tipo de recuerdo del lugar. Se ofrecen clases de inglés y de español, de surf, y de cocina. Y hablando de cocina hay restaurantes muy variados de oferta —italiano, japonés, chino, mariscos, carne, sándwiches, queques, gelaterias, hamburguesas, pupusas y casados. Hay muchas casas de huéspedes, hotelitos, y cuartos para los turistas. Todas estas empresas son pequeñas y en muchos casos es el propietario que atiende al público.

Estas personas toman riesgos, trabajan largas horas, los fines de semana tienen abierto y laboran, buscan constantemente maneras de mejorar su servicio y su rentabilidad y en muchos casos tienen hijos. No hay horario para estos trabajadores ni tampoco salario fijo.

Los pequeños empresarios constituyen la vértebra de lo que es el tejido económico nacional. Estos son los que buscan mejorías en sus vidas y en particular para esos hijos. Pregunté a varios su opinión del paro de los educadores y los calificativos no fueron positivos —“vagabundos,” “sinvergüenzas,” “aprovechados,” fueron algunos que escuché. La idea de que se les iba a pagar sus salarios cuando no trabajaron fue muy rechazable y las respuestas eran “¿cómo es posible?” “¿hasta dónde hemos llegado?” y “a mí no me pagan si no trabajo, ¿por qué a ellos?”

No perdí el tiempo de ellos hablando de la maldita (calificativo de ellos) “ley de proceso laboral” que fue aprobada por el gobierno de Luis Guillermo Solís y su ministro de Trabajo Víctor Morales Mora como un gran logro y que impide que se declaren las huelgas ilegales (como la de los educadores). Hay que reconocer que Morales está recapacitando, tratando desde la Asamblea Legislativa de modificar esta legislación que costó medio año escolar a miles y miles de niños y a un costo elevadísimo al erario. Ni hablar de la división de clases que provoca esta ley.

Los pyme de Jacó tienen una ventaja sobre los educadores en un sentido. Estos pueden en algunos casos fijar sus precios en dólares para evitar pérdidas a merced de la devaluación del colón. Los educadores tendrían que convencer al público que merecen aumentos de salario para compensar; por lo menos si se van de huelga con ese propósito sería un paro legal. No creo que provocaría simpatía con el público, sin embargo, y mucho menos de los pequeños empresarios que esperarían que el presidente Carlos Alvarado los apoye.

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