Las U privadas se oponen a modelos tarifarios

La Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (Unire) se opone a que se establezcan modelos tarifarios a la enseñanza superior privada, situación que está contemplada en el proyecto de reforma de ley del Consejo Superior de Educación (Conesup).

Esto repercutiría en la calidad de la educación y atentaría contra la libertad de enseñanza y comercio, contra la propiedad privada y desestimula la inversión en materia educativa.

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“El proyecto atenta contra la libertad de empresa y desarrollo privado (es confiscatorio), busca que las universidades operen al costo, sin capacidad de inversión para la innovación, la investigación y el desarrollo . El proyecto de ley aboga por algo imposible de lograr: calidad a bajo precio”, advirtió Albán Bonilla, director ejecutivo de Unire.

Además, les quitaría el “voto económico” con el que cuentan los estudiantes para elegir la universidad que más se amolde a sus necesidades.

“Las tarifas por matrícula y colegiatura son aprobados por el Conesup cada año. Lo que debe garantizarse es que las tarifas alcancen para cumplir los fines de la universidad y la calidad es costosa: terrenos, edificios, planilla de profesores y colaboradores administrativos, equipo y actualización en tiempo, biblioteca, laboratorios, vigilancia, investigación, publicaciones, mantenimiento de construcciones y equipo”, agregó Guillermo Malavassi, rector de la UACA.

Además de este punto, la Unire está en contra del proyecto porque eliminaría la diferencia entre licenciamiento (obtener los permisos para que una universidad opere) y certificación de la calidad.

“Deja como únicos y obligatorios los procesos de acreditación. El proyecto no establece normas mínimas, con lo cual deja la administración de una libertad a la discreción de la Administración, propios de modelos políticos ajenos a la naturaleza democrática costarricense”, observó Bonilla.

Otro aspecto con el que no está de acuerdo la Unire es que la reforma convierte al Conesup en un órgano de desconcentración máxima y no se le plantean mejoras en su presupuesto ni sus capacidades de gestión.

“Con este modelo el Conesup seguirá frenando el desarrollo educativo del país, pues sus tiempos de respuesta seguirán siendo, como hasta ahora, de cuatro o cinco años para aprobar o actualizar una carrera”, lamentó Bonilla.

Según la Unire, el diálogo con el Ministerio de Educación Pública sobre estas inquietudes ha sido inexistente. Sin embargo, están anuentes en participar ya que las universidades están comprometidas con la calidad y dispuestas a someterse a procesos de aprobación claros, transparentes y objetivos.

Por su parte, el Conesup aboga por esta actualización ya que la legislación vigente es añeja: data de cuando solo existía una universidad y ahora hay unas 53.

Mario Sanabria, director ejecutivo de Conesup, advierte que la necesidad de su aprobación le daría armas al Consejo, ya que actualmente solo posee 45 funcionarios administrativos para atender esos 53 centros de enseñanza.

Además, existen “vacíos legales” para regular.

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“Por ejemplo las carreras virtuales, o poner las reglas claras cuando una universidad del extranjero quiera operar en el país, o si un experto internacional viene a dar una clase, ya que actualmente para poder llevarlo a cabo deberá convalidar su experiencia. Sin esta actualización estamos diciéndole no al conocimiento”, alegó Sanabria.