Japdeva no se cierra, pero se reestructurará con recorte de personal

Traslados horizontales a otras entidades del gobierno, bonos adicionales a la cesantía para quienes decidan dejar la institución y una prejubilación que arranca a los 55 años, son las herramientas que tendrá el gobierno para recortar el personal de Japdeva y transformar el puerto estatal.

Anoche los legisladores votaron en primer debate un plan de auxilio de Japdeva, que tiene entre sus objetivos darle sostenibilidad financiera a la institución.

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Para ello, se requiere el recorte de unos 800 funcionarios de la planilla, ya que con la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) administrada por la empresa APM Terminals, Japdeva perdió más del 70% de la carga que manipulaba, generando una situación financiera de quiebra.

Con el proyecto aprobado por los diputados, Japdeva se mantiene como autoridad portuaria de Costa Rica en el Caribe, supervisará las operaciones de la TCM e impulsará y dará seguimiento a los proyectos productivos que van a impactar toda la provincia con el canon que pagará APM por operar. Se trata de unos $1 mil millones a lo largo de 30 años.

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Japdeva redirigirá sus negocios a la atención de cruceros y yates, así como al desarrollo de parques logísticos para atraer turistas y empresas a zonas francas.

“No se está discutiendo su cierre, pero sí es necesario atender de manera oportuna los problemas estructurales y financieros que impiden a la entidad lograr este proceso de transformación, los cuales le permitirán seguir siendo la autoridad de los puertos del Caribe de Costa Rica”, dijo Nielsen Pérez, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana.

Mientras tanto, los dos diputados limonenses del Partido Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank y Giovanni Gómez, votaron en contra del plan, porque autoriza despidos masivos de trabajadores de esa institución y eso aumentará los índices de desempleo y pobreza en la provincia.

“El proyecto establece tres aspectos: la prejubilación, los traslados horizontales y los bonos de incentivos para los que se acojan a la movilidad laboral, con lo que estamos de acuerdo, pero nos oponemos al segundo transitorio que autoriza a los jerarcas de la institución a despedir a un grupo de trabajadores que en un mes no se adhieran a alguna de esas modalidades”, dijo Cruickshank.