Incop señala errores en auditorías elaboradas por la Contraloría

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), contradijo las conclusiones de un reciente informe elaborado por la Contraloría General de la República.

A criterio de la entidad portuaria, los estudios que sirvieron de base al ente contralor para el informe presentan inconsistencias y omisiones importantes sobre la operación portuaria de Caldera.

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Concretamente el informe cuestionó el manejo y supervisión de las concesiones de las terminales granelera y multipropósito y del servicio de remolcadores, mediante las cuales se opera el principal puerto del Pacífico.

Por ejemplo, advirtió deficiencias en el mantenimiento que se le brinda a la infraestructura y los equipos del complejo portuario de Caldera.

Igualmente, estimó que esta situación hace necesario invertir en la actualidad unos $2,4 millones en labores de conservación para devolver la operación portuaria a una condición normal.

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En respuesta, el Incop consideró que “el informe carece del debido sustento” y envió documentación a los funcionarios de la Contraloría para que lo ajusten a la situación real.

“La administración ha sido responsable al supervisar y fiscalizar estas condiciones conforme a lo establecido en los contratos de concesión y al cumplimiento de los planes de mantenimiento presentados por los concesionarios”, respondió el instituto portuario.

En ese sentido, detalla que se cumple con la inversión de $565 mil anuales, establecidos en la concesión, que se asignan principalmente a obras de infraestructura.

A su vez, le recuerda que para aumentar la inversión implicaría una adenda al contrato cuya negociación implicaría unos tres años y uno más para la implementación, lo cual haría imposible el retorno de la inversión, considerando que quedan solo cinco años de contrato.

Por último, el Incop enfatizó en que sus operaciones se rigen por medio de las normas técnicas del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (Inteco), que establecen los requisitos mínimos de calidad de los servicios en puertos y embarcaciones, que se encuentran actualmente en consulta pública.