Huawei denuncia ante Sala IV impedimento para participar en concurso de 5G

Ante el decreto presidencial firmado en agosto anterior en el que se prohíbe a empresas no firmantes del Convenio de Budapest participar como oferentes o proveedores en procesos relacionados con la tecnología móvil de quinta generación y superiores, la empresa Huawei decidió judicializar su inconformidad.

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"Huawei ha presentado un Recurso de Amparo con el propósito de defender su derecho constitucional a la igualdad y no discriminación, ante el inminente desarrollo de las redes de telecomunicaciones 5G en Costa Rica en las actuales condiciones. De esta forma, también pretendemos proteger a la industria y ciudadanos de Costa Rica frente a enormes pérdidas económicas que hemos identificado de continuar con nuestra potencial exclusión", justificó la empresa en una declaración.

Y es que, esta compañía que es una de las afectadas por tal directriz dado que al ser de origen chino (país no adherido a dicho acuerdo internacional), no podrá participar del proceso licitatorio que se lleva a cabo actualmente para el despliegue de infraestructura y explotación comercial de esta tecnología, por lo cual acudió a la Sala Constitucional, donde ya se tramita otro recurso en torno a este reglamento.

Entre los principales alegatos se señala que tales restricciones lesionan los derechos fundamentales de libre competencia e igual participación en los concursos públicos, en razón del origen nacional de la empresa.

"Creemos que los costarricenses tienen el derecho al acceso a las mejores tecnologías y servicios 5G, de la forma que lo hacen millones de personas en todo el mundo. Como empresa que opera en este país desde hace 16 años, Huawei confía firmemente en el estado de derecho y la Constitución Política de Costa Rica, como garantía de un entorno empresarial justo, seguro y equitativo", agrega el comunicado de la compañía.

Organizaciones como el Centro de Promoción del Comercio y la Inversión Asia-Pacífico, también levantaron la voz en torno al tema, advirtiendo que “esta medida impactará negativamente en el cambio comercial, cultural, educativo y tecnológico que ha venido desarrollando el país con una región que comprende el 66% de la población mundial”, según indicaron en un comunicado.

Estas disposiciones no tendrían por qué afectar las relaciones comerciales y diplomáticas que desde el 2011 mantienen China y Costa Rica, de acuerdo con lo expresado la semana anterior por Paula Bogantes, ministra del Micitt. Archivo/La República

¿Contradicciones?

Fuentes confidenciales confirmaron a LA REPÚBLICA que tres de las instituciones más fuertemente afectadas por el hackeo el año anterior, como lo fueron el Ministerio de Hacienda, la Caja Costarricense de Seguro Social y el mismo Micitt, contaban con equipos fabricados por empresas de países adheridos al Convenio de Budapest, lo cual no impidió tales vulneraciones.

En este sentido, este medio consultó con el departamento de prensa del Micitt para conocer la opinión de esta cartera al respecto, sin embargo, al momento no se recibió respuesta a la consulta.

Por otra parte, desde noviembre de 2022 hasta mayo de este año se registraron un promedio de 849 ciberataques a distintas empresas, proviniendo el 74% de estas violaciones de organizaciones estadounidenses, frente a un 5% de grupos chinos y un 4% de rusos, de acuerdo con un informe dado a conocer por la firma especializada Soluciones Seguras.

Entre tanto, documentos altamente clasificados del Pentágono filtrados en Internet en abril pasado revelaron acciones de espionaje por parte del gobierno estadounidense a países aliados y enemigos por igual, situación que generó alerta entre los mismos funcionarios de ese país por eventuales afectaciones comerciales y políticas, según informó el medio CNN en Español.