Gusto del Gobierno por “Big Data” lo sigue metiendo en problemas

El gusto del Gobierno por recolectar y procesar información catalogada como sensible de sus habitantes, término conocido en el argot tecnológico como “Big Data”, lo sigue metiendo en problemas.

El caso más reciente, es la inclusión de un cuestionario de "Factores Asociados" dentro de las pruebas FARO que se aplican a los estudiantes de primaria y secundaria, donde se les indagó sobre la condición socio económica de sus familias.

Este “error técnico” como fue calificado por las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), no sólo le costó el cargo a su jerarca Guiselle Cruz, sino a la viceministra Académica, Melania Brenes y podría traer más sanciones no sólo administrativas, sino, hasta de índole civil y penal.

La Fundación Privacidad y Datos (Privat) denuncia a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) y pide la destitución de su directora ejecutiva, Elizabeth Mora, al señalar su inacción y pasividad en estos casos que le atañen de forma directa.

“La ausencia de independencia y la incompetencia de la Agencia nos ha costado muy caro como país. Por eso desde la Fundación exigimos a la ministra de Justicia la destitución inmediata de la Directora de Prodhab”, señaló Daniel Rodríguez, Director Ejecutivo de la Fundación.

Y es que Prodhab se pronunció hasta ayer mediante un comunicado de prensa donde se desligaba de esta polémica, al señalar que no fue hasta que el escándalo ya había estallado, el sábado 6 de noviembre, que el MEP le solicitó criterio sobre los cuestionarios ya completados por los estudiantes.

“Se les hizo una recomendación de devolver los formularios a los padres de familia, que son finalmente los dueños de la información, y que posterior a un plazo razonable, si no eran retirados, entonces el MEP tomara las medidas que considerara necesarias y oportunas”, detalló Elizabeth Mora, jerarca de la Agencia.

Por su parte, el MEP dispuso la destrucción de dichos sondeos, sin embargo, esta acción fue detenida el lunes por el Tribunal Contencioso Administrativo, que ordenó una medida cautelar urgente, interpuesta el domingo por el Sindicato de la Judicatura (Sindijud).

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Otra entidad que pidió cuentas a Prodhab fue la Defensoría de los Habitantes, para conocer si investigará la situación; en especial, la posible vulneración del derecho a la autodeterminación informativa con respecto al tratamiento de los datos sensibles recolectados en el cuestionario “Factores Asociados”; información que está en manos del MEP desde el viernes; siendo que, hasta el lunes, se informó la decisión y ordenanza Judicial de no utilizar esta información.

Antes de este caso, se trascendió de la creación y posterior cierre de la Unidad Presidencial de Datos (UPAD), el cual sigue en los tribunales de justicia y donde el propio mandatario Carlos Alvarado tiene una causa abierta.

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Posteriormente se presentó la recolección y el almacenamiento de información de más de un millón de solicitantes del “Bono Proteger”, ayuda que se prestó a las personas más afectadas durante la pandemia, en un servidor de datos de una empresa privada, donde se ordenó su devolución y almacenamiento en el Ministerio de Trabajo.