¿Fue la Reforma Fiscal un enmendador del Déficit Fiscal? ¿Queda algo por hacer?

Antes de brindar una respuesta concreta a las interrogantes planteadas, la prudencia obliga a colocar en contexto este tema. ¿Qué debemos entender por el Déficit Fiscal? Se entiende por un déficit la carencia o falta de algo y en nuestra materia le llamamos fiscal por la referencia a los recursos de los cuales dispone el Estado para satisfacción de necesidades colectivas. En términos llanos y comunes hablamos de la diferencia entre los ingresos y los gastos que debe afrontar el Gobierno de la República. Cuando esta situación ocurre, el Estado, al igual que sucede con una familia, debe recurrir al endeudamiento; es decir, a pedir prestado, con el propósito de solventar sus necesidades básicas.

El Gobierno se ve en la encrucijada de emular tal comportamiento, con otras palabras, pide financiamiento a través de instrumentos financieros, con el propósito de hacer frente a sus responsabilidades ordinarias. A través de los últimos decenios, se ha suscitado una serie de eventos desafortunados para el Estado que han elevado el mencionado déficit a cifras acaudaladas, a saber: los impuestos constituyen el principal ingreso del Gobierno. Según algunas fuentes, con los impuestos asociados al consumo y a las utilidades, el Estado obtiene cerca del 70% de su dinero, así que, si la recaudación de estos está mal, las finanzas estatales corren la misma suerte. Otro elemento relevante es la producción realizada por las empresas públicas o las ganancias obtenidas del alquiler o uso de propiedades o servicios públicos. Por otra parte, existen otras vías más excepcionales para obtener recursos públicos; por ejemplo, la venta de determinados activos y la privatización de empresas. Finalmente, podemos mencionar la captación de recursos mediante el endeudamiento en el mercado financiero internacional, conocida esta última como colocación de títulos de deuda. El principal detonante que ha provocado el crecimiento del déficit fiscal en nuestro país ha radicado en el hecho, también desafortunado, que la recaudación ha crecido a un ritmo menor y los gastos, por el contrario, aumentaron desproporcionadamente. En consecuencia, el erario se ha visto en la necesidad de incrementar el endeudamiento.

Del lado de los ingresos se incrementaron las tarifas de algunos servicios públicos y se realizó una reforma tributaria para gravar la riqueza y el consumo, a la par de medidas tendentes a contener el crecimiento del gasto público. Las cifras reportadas por el Gobierno, si bien es cierto reflejan un crecimiento en la recaudación, provocado en un primer momento por la amnistía tributaria decretada legalmente y la ampliación de la base en el caso del impuesto al valor agregado, también lo es que los números esperados no han sido los más felices, o tal vez, no los necesarios para revertir el fenómeno descrito.

Ya acotamos que la mayor parte de los ingresos del Gobierno proviene de los impuestos; sin embargo, existe un factor incuestionable que debe sumarse a los esfuerzos apuntados, concretamente, la reactivación económica. Sin lugar a dudas, la recaudación pretendida nunca será la idónea si no se observan políticas concretas para la reactivación económica. Es conocido por propios y extraños que cualquier mecanismo de recaudación ante una economía deprimida va a incrementar los precios y consecuente caída del consumo. Por tal motivo, la recaudación del IVA y del impuesto sobre las utilidades, no sería, al menos al principio, lo que espera el Estado para mitigar los efectos del déficit fiscal. Otra medida no menos importante es que el Ministerio de Hacienda deberá redoblar sus esfuerzos para perseguir a los evasores de impuestos o aquellos que han declarado cero utilidades en los últimos períodos, esto incluye personas físicas y las empresas, y debe fortalecer y gestionar de forma oportuna el cobro judicial respecto a aquellos contribuyentes en casos que sea necesario. Sin embargo, la tarea de reactivar la economía es impostergable y debe cobijar cambios estructurales que aborden los desajustes del mercado laboral y la informalidad, mejorar la educación, reducir las insuficiencias en cuanto a infraestructuras y fortalecer la competencia, todo ello para incentivar y promover la productividad y reducir la desigualdad.

Mario Hidalgo

Socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton