Empresas no pueden alegar quiebra para no pagar aguinaldos

Unos 215.772 trabajadores no recibirán su aguinaldo tal y como lo imaginaron a principio de año.

Esa es la cantidad de trabajadores a los que, hasta el pasado 27 de noviembre, se les habían reducido las jornadas laborales o suspendido el contrato por parte del Ministerio de Trabajo, por las consecuencias de la pandemia del Covid-19 en la actividad económica.

Pero a pesar de esta situación, los patronos tienen la obligación de pagar el aguinaldo para el 20 de diciembre. No pueden alegar estar en quiebra para no hacerlo.

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"Evidentemente la pandemia pudo haber arrojado a algunas empresas a un proceso de quiebra, que recordemos es otro tipo de proceso, no es laboral. Dentro de ese proceso, el juez determina que hay un beneficiario colectivo, en este caso los trabajadores, y ahí, dependiendo de los bienes que tenga o el embargo que deban hacer de los bienes de la empresa, se protegerá a estos trabajadores para el beneficio del aguinaldo o su liquidación", detalló Ricardo Marín, viceministro de Trabajo.

Otro aspecto que deben tener en cuenta los empleados a los que se les aplicaron suspensiones o reducciones de jornadas y por ende recibirán un monto menor de aguinaldo, es que esos procesos solicitados por su patrono deben estar validados por el Ministerio de Trabajo; de no ser así, existe una ilegalidad.

El patrono tiene tiempo hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo; incluso puede negociar con sus trabajadores el pago en tractos.

Eso sí, a la fecha límite ya deberá estar cancelado en su totalidad.

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"Posterior al 20 de diciembre debe ser completo el pago, ese es el plazo que establece la ley. Puede ser que el empleador diga hoy el primero de diciembre les pago el 50% y el 15 el otro 50%, pero posterior al 20 se transforma en una infracción a la Ley de Trabajo y a una retención indebida de esa suma que ya le corresponde al trabajador. Se puede permitir negociar, pero el pago siempre debe ser completo y no se puede negociar el monto, el trabajador no puede renunciar al monto completo", aclaró Marín.

Después de la fecha, se podrán recibir denuncias tanto de quienes no han recibido nada como de quienes han percibido una parte o se los calcularon mal.

Para atender estas denuncias de manera fluida, se reforzó la cantidad de funcionarios que atienden estos trámites en todo el país, al pasar de 72 a 105.

Una vez con la denuncia, estos funcionarios deben acudir a las empresas a realizar una prevención al empleador. Si en una segunda visita no se ha subsanado correo la infracción y seguiría la parte judicial.

Por otra parte, la cancelación de este derecho a los empleados públicos que arrancará hoy, distribuirá unos ¢220 mil millones entre 139 mil funcionarios activos del Gobierno Central y más de 63 mil pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.