Empresarios piden prórroga en multas de Hacienda para registro de accionistas

Los empresarios pidieron una nueva prórroga para el registro de accionistas a las autoridades de Hacienda, antes de la primera fecha límite este 30 de septiembre, en una carta a la ministra Rocío Aguilar.

La Unión de Cámaras (Uccaep) hace la petición para una prórroga inmediata para las multas, debido a las complicaciones del “cambio de paradigma” al desaparecer la sociedad anónima y obligar este registro.

Todavía hay una gran cantidad de representantes de empresas que no han gestionado su firma digital ante la incertidumbre, para lo que, además, ahora encuentran que no hay campo en algunos bancos para tramitar a tiempo todos los pendientes.

No fue hasta agosto que Hacienda, el Banco Central, y el Instituto Costarricense contra la Drogas obtuvieron las certificaciones de calidad para el resguardo, custodia y acceso restringido a la información de los obligados, algo que exige le ley, según la carta.

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Mientras tanto, los dueños de las sociedades no estaban dispuestos a remitir información si no existían esas certificaciones, argumenta Álvaro Sáenz, vicepresidente de Uccaep.

Esto provocó un ambiente de incertidumbre en las empresas que no promovió obtener la firma digital ni empezar el proceso de registro.

“Las mencionadas instituciones del Estado tuvieron que establecer una prórroga de seis meses, porque en marzo de 2019 admitieron que no estaban certificadas en cumplimento de ley; por lo que ahora que recién acaban de certificar su cumplimiento, al sector privado también se le debe otorgar igual seis meses de preparación”, escribió Gonzalo Delgado, presidente de Uccaep, en la carta hoy a Aguilar.

Unos 119 mil representantes, o 80% del total, no contaban con la firma digital cuando se confirmó el mes pasado que el registro iniciaría en setiembre.

Uccaep está analizando con varios especialistas las certificaciones para determinar la calidad y seguridad de las mismas, algo que es un requisito de ley, argumentan.

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Las multas alcanzarían entre ¢1,3 millones y ¢45 millones para quienes incumplan con el Registro de Accionistas, recuerdan los asesores de Grant Thornton.

Esto porque las sanciones consisten en un 2% de los ingresos brutos de la persona jurídica, con un monto mínimo equivalente a tres salarios base y uno máximo de cien salarios base.

Esta responsabilidad recae sobre unas 370 mil personas jurídicas, incluyendo sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, en nombre colectivo, en comandita, fideicomisos locales y extranjeros que realizan actividades en el país, gestores de recursos de terceros y organizaciones sin ánimo de lucro.

El lunes 30 de septiembre vence el primer plazo para que una serie de sociedades y estructuras legales realicen el registro de transparencia y beneficiarios finales, de acuerdo con el último dígito de su cédula.