Defensoría urge reglas claras para fijación en precio de los combustibles

Desde el 19 de mayo, la Defensoría de los Habitantes presentó ante el Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda un Amparo de Legalidad contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); a efectos de que se dicte el acto final y definitivo de un procedimiento donde se tramita la nueva “propuesta de metodología tarifaria ordinaria y extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final”.

Con la metodología presentada en esa oportunidad por la Aresep se proponía modificar el modelo tarifario para fijar el precio interno de los combustibles, con los datos de costo real o precios efectivos de factura de importación, en lugar de los precios internacionales de referencia como se realiza con la metodología actualmente vigente.

Con los cambios propuestos se busca que los precios internos de los combustibles cumplieran con el principio de servicio al costo, se simplificara para la población la fórmula de cálculo con una mayor transparencia, claridad y facilidad de aplicación y, se redujeran las fluctuaciones mensuales del precio interno que hoy, obedecen principalmente, a variaciones de los precios de referencia y no a cambios en los precios reales de importación.

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Además, el cambio metodológico podría redundar en una baja en los precios internos en relación con los obtenidos con la metodología vigente, debido a que los precios de factura suelen ser menores a los precios de referencia que utiliza la fórmula actual, producto de las negociaciones que

realiza Recope amparada en el poder monopólico de compra que ostenta, al ser un comprador mayorista que adquiere los combustibles para la industria y transporte de todo un país.

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Sin embargo, más de un año después de celebrada la audiencia pública, la Aresep no ha dictado el acto final y definitivo para la aprobación de esos cambios metodológicos en beneficio de la población; situación que llevó a la Defensoría a presentar ante el Tribunal Administrativo y Civil de Hacienda un Amparo de Legalidad contra esa Autoridad Reguladora.