Defensoría no tiene competencias en licitación de Caldera, afirma el INCOP

Sus críticas en esta materia no deberían darse, ya que la Contraloría es la única que debe velar porque se cumplan los lineamientos de contratación administrativa.

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La serie de recomendaciones dadas por la Defensoría de los Habitantes sobre el proceso de licitación del Puerto de Caldera no son de recibo, afirmó el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), ya que el ente encargado de esta fiscalización es la Contraloría.

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La Contraloría había emitido 11 disposiciones para el INCOP, de las cuales 10 se cumplieron satisfactoriamente, lo que ha permitido mejorar los niveles de control y supervisión en los servicios que brinda el concesionario en Puerto Caldera.

“Gracias a la conciliación entre el INCOP y los actuales concesionarios, realizada a inicios de 2024, se lograron obtener $5.5 millones de parte de los concesionarios para mantenimiento y mejoras en Puerto Caldera. Estos fondos ya se han venido ejecutando y tendrán un impulso mayor a partir de este marzo y durante 2026, como parte del Plan de Mantenimiento del Puerto”, explicó la institución mediante un comunicado de prensa.

En cuanto a la licitación internacional para la modernización de Puerto Caldera, el proceso se desarrolla bajo los más altos estándares del Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC), y en cumplimiento con la legislación costarricense.

El cartel licitatorio se publicó el 31 de octubre de 2024 y fue revisado en diciembre pasado por la CGR, al conocer las objeciones que presentaron cuatro empresas interesadas en el proceso. En la resolución de la CGR de enero de 2025, sobre esta licitación, no hay ninguna observación de la Contraloría sobre los aspectos cuestionados por la Defensoría de los Habitantes.

Finalmente, se destaca que la Defensoría de los Habitantes ha demostrado desconocimiento en materia de contratación administrativa, concesiones y la gestión de la “administración concedente compleja”.

En este sentido, el INCOP recuerda que, en mayo de 2024, extendió una invitación formal a Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, para abordar estos temas con profundidad y que visitara el Puerto Caldera para que conociera de primera mano la situación de las instalaciones y la operativa portuaria, invitación que fue rechazada.

La Defensoría dijo hace dos días, en un informe, que existe una falta de controles en las inversiones de mantenimiento de infraestructura y equipos, lo que ha impactado la calidad del servicio.

Este aspecto será clave de cara a la terminación del contrato de concesión en 2026 y las obligaciones que deberá asumir la empresa concesionaria al entregar los bienes y equipos.