Corredores biológicos urbanos y turismo sostenible tendrán fuerte impulso con reforma a ley forestal

Agilizar la instalación y reparación de infraestructura en el cauce y márgenes de ríos en las zonas urbanas y rurales, así como sus áreas de protección, es lo que permitiría una reforma realizada a la Ley Forestal de Costa Rica.

Los proponentes de la iniciativa adicionaron dos nuevos artículos “33 bis y 33 ter”, con la intención de dejar claro que se pueden autorizar obras, siempre y cuando sean de bajo impacto ambiental, para la protección y recuperación de las cuencas.

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Asimismo, se permite la instalación de infraestructuras como plataformas de observación, puentes, puentes colgantes, tirolesas, señalización y otros elementos para el desarrollo de actividades de turismo sostenible.

Para José María Villalta, diputado del Frente Amplio, con la aprobación de esta reforma se demostró que sí es posible compatibilizar la protección del ambiente con el desarrollo de actividades turísticas de forma sostenible.

“Queda claro que el objetivo de este proyecto es facilitar esas obras, su mantenimiento, su rehabilitación, por ejemplo, para la construcción de acueductos, para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Y también reconocer la posibilidad de incentivar los corredores biológicos urbanos, los parques interurbanos, la posibilidad de que en estas áreas de protección se realicen, como ya ocurren hoy en día, actividades de ecoturismo de bajo impacto ambiental”, dijo Villalta.

Dentro de la propuesta aprobada, se especifica que las obras a realizar no impliquen cambio de uso de suelo, no realicen corta de árboles y que sean compatibles con los servicios ambientales con el ecoturismo.

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Pablo Heriberto Abarca, legislador de la Unidad Social Cristiana y uno de los proponentes de la reforma, señaló que las modificaciones permiten resolver realidades urbanas que son “urgentes de intervenir”.

“Esto es un mensaje del resguardo de la marca del turismo sostenible y de la marca de la sostenibilidad como país, pero también de seguridad jurídica del desarrollo turístico y del desarrollo para las zonas rurales de Costa Rica”, dijo Abarca.

El liberacionista Roberto Thompson aseguró que con esta reforma pondrá fin a vacíos que existían en la legislación nacional, lo que inclusive paralizó obras y afectó a muchos sectores.

“Se trata de crear una herramienta que permita impulsar iniciativas de recuperación del entorno natural urbano como espacio público, de creación de infraestructura para su conservación y regeneración ambiental para lograr un ecosistema equilibrado y revertir el estado de abandono de estas áreas de protección”, dijo Thompson.

La responsabilidad de autorizar el uso y la gestión de estas áreas de protección será exclusivamente de la Dirección de Aguas, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Los requisitos técnicos, procedimientos y plazos de esta reforma deberán ser definidos vía reglamento por el Minae a más tardar en tres meses.

Finalmente, se acordó que durante 24 meses, a partir de la entrada en vigencia de la ley, las obras existentes que se encuentren dentro de la zona de protección podrán mantenerse “sin que se pueda ordenar, por parte del Estado, su derribo o eliminación”.