Clase media merece acceso a vivienda
| Lunes 18 octubre, 2010
Clase media merece acceso a vivienda
Según un reciente Informe Nacional de Vivienda presentado por FUPROVI, 187 mil familias carecen de vivienda digna en Costa Rica.
El estudio revela una disminución de los recursos destinados a la construcción de casas, aun cuando el gobierno anterior se comprometió con la meta de erradicar el 50% de los tugurios y durante la crisis financiera anunció el Plan Escudo para blindar a los créditos de vivienda al reducir en dos puntos las tasas de interés.
De conformidad con el marco legal del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la elegibilidad del bono se extiende a familias cuyos ingresos alcancen como máximo cuatro veces el salario mínimo de un obrero de la construcción no calificado (de cero hasta ¢540 mil) la concentración continúa en un 87% en el primer y segundo estrato.
Si bien dar un techo digno a este grupo de la población es importante, lo es también atender las necesidades de vivienda de las familias de clase media, las cuales constituyen un alto porcentaje de la población que ha sido olvidada durante décadas por las administraciones de turno.
Este grupo representa alrededor de 350 mil contribuyentes fiscales por excelencia y son pilar fundamental de nuestra economía. Pero se continúa con un vacío en la formulación de políticas públicas que direccionen recursos hacia ese sector de la población.
Actualmente una vivienda de clase media tiene un valor superior a los ¢30 millones, un monto difícil de responder ante una gestión crediticia, por el alto porcentaje que consumen del presupuesto familiar las elevadas cuotas de amortización
Esta situación me motivó a plantear un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa (Expediente 17797) para autorizar al Banhvi a ampliar el criterio del bono familiar de vivienda hasta los cinco salarios mínimos (para ingresos aproximados a los ¢930 mil) y otorgarles créditos a través de las entidades autorizadas.
Se pretende que estas familias puedan tener un crédito con montos superiores a lo que permiten sus ingresos, acompañándoles con el pago de la cuota mensual durante un tiempo determinado mediante la figura del bono diferido, mientras equilibran su presupuesto familiar.
El monto del subsidio se definirá en relación inversa al ingreso mensual conforme al Reglamento del Fondo de Subsidios de FUSOVI. Paralelamente el Banhvi asegura la recuperación de los fondos y en consecuencia dará la oportunidad para que muchos otros costarricenses disfruten de este beneficio, garantizando que este acompañamiento no se convierta en una donación más del Estado.
Los recursos del FUSOVI para los casos de extrema pobreza (Artículo 59) se mantendrán intactos, pues la Ley 7052 ya garantiza que se debe destinar hasta un 40% a estos sectores más vulnerables.
La posibilidad de poner en marcha este proyecto hará realidad el sueño de muchos costarricenses de contar con casa propia.
Patricia Pérez Hegg
Diputada de la Asamblea Legislativa
Según un reciente Informe Nacional de Vivienda presentado por FUPROVI, 187 mil familias carecen de vivienda digna en Costa Rica.
El estudio revela una disminución de los recursos destinados a la construcción de casas, aun cuando el gobierno anterior se comprometió con la meta de erradicar el 50% de los tugurios y durante la crisis financiera anunció el Plan Escudo para blindar a los créditos de vivienda al reducir en dos puntos las tasas de interés.
De conformidad con el marco legal del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, la elegibilidad del bono se extiende a familias cuyos ingresos alcancen como máximo cuatro veces el salario mínimo de un obrero de la construcción no calificado (de cero hasta ¢540 mil) la concentración continúa en un 87% en el primer y segundo estrato.
Si bien dar un techo digno a este grupo de la población es importante, lo es también atender las necesidades de vivienda de las familias de clase media, las cuales constituyen un alto porcentaje de la población que ha sido olvidada durante décadas por las administraciones de turno.
Este grupo representa alrededor de 350 mil contribuyentes fiscales por excelencia y son pilar fundamental de nuestra economía. Pero se continúa con un vacío en la formulación de políticas públicas que direccionen recursos hacia ese sector de la población.
Actualmente una vivienda de clase media tiene un valor superior a los ¢30 millones, un monto difícil de responder ante una gestión crediticia, por el alto porcentaje que consumen del presupuesto familiar las elevadas cuotas de amortización
Esta situación me motivó a plantear un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa (Expediente 17797) para autorizar al Banhvi a ampliar el criterio del bono familiar de vivienda hasta los cinco salarios mínimos (para ingresos aproximados a los ¢930 mil) y otorgarles créditos a través de las entidades autorizadas.
Se pretende que estas familias puedan tener un crédito con montos superiores a lo que permiten sus ingresos, acompañándoles con el pago de la cuota mensual durante un tiempo determinado mediante la figura del bono diferido, mientras equilibran su presupuesto familiar.
El monto del subsidio se definirá en relación inversa al ingreso mensual conforme al Reglamento del Fondo de Subsidios de FUSOVI. Paralelamente el Banhvi asegura la recuperación de los fondos y en consecuencia dará la oportunidad para que muchos otros costarricenses disfruten de este beneficio, garantizando que este acompañamiento no se convierta en una donación más del Estado.
Los recursos del FUSOVI para los casos de extrema pobreza (Artículo 59) se mantendrán intactos, pues la Ley 7052 ya garantiza que se debe destinar hasta un 40% a estos sectores más vulnerables.
La posibilidad de poner en marcha este proyecto hará realidad el sueño de muchos costarricenses de contar con casa propia.
Patricia Pérez Hegg
Diputada de la Asamblea Legislativa