Desgraciadamente estamos ante la eventualidad de que las asambleas se desentiendan de la exigencia de asepsia ética y moral

De cal y de arena

Y si fallan las asambleas de partido…

Las rendijas existen y el crimen organizado sabe cuáles son y de qué manera emplearlas para meter sus tentáculos en los predios de los partidos políticos, particularmente ahora a propósito de las elecciones municipales de febrero.
La Contraloría General de la República ha topado con una maraña de impedimentos legales en su empeño de erradicar de las papeletas a los candidatos sobre cuya conducta en la función pública ha hecho investigaciones comprobatorias de dolo y culpa en el desempeño, sin que haya podido llevar sus atributos disciplinarios al punto de impedir su postulación.
A la vez, el Tribunal Supremo de Elecciones se declara inhibido para imponer sanciones que no sean las de cancelación de credenciales (a lo que se llega en circunstancias muy calificadas, por ejemplo, tras la declaración de culpabilidad en sentencia firme dictada por los tribunales ordinarios) reafirmando por voz de su presidente que las sanciones de otro jaez son del resorte de las administraciones municipales o de la Contraloría.
Esa impotencia técnica ha dejado la vía despejada para que se postulen candidatos moralmente insolventes. Y del mismo modo que de la rendija pueden sacar ventaja candidatos incursos en vicios técnicos o legales descubiertos por la Contraloría, también la puede aprovechar el crimen organizado para dar cobijo a candidaturas útiles a sus negocios, municipales o de ámbito nacional.
En este estado de cosas, no queda más que la asamblea nacional de los partidos como instancia competente y armada para cerrar el paso a postulantes tachados por la CGR o por la sabiduría del “sospechómetro popular”. Si esta instancia no reacciona a tiempo y con rigor en cada partido, más de una sorpresa nos llevaremos.
El tribunal electoral trata de prevenir el daño mayor refinando el pazcón que criba las contribuciones a las campañas, ahora con el bisturí sobre los antecedentes financieros y bancarios de los donantes, lo que no significa una barrera del todo insalvable para que el dinero negro se infiltre por los conductos que bien conoce, y con la certeza de que siempre habrá un político ambicioso e inescrupuloso capaz de servirle con tal de escalar posiciones. En el mundo de leyes y reglamentos que rigen estas materias en Costa Rica es imposible poner al alcance del elector la caracterización completa de la hoja de vida de cada aspirante, con sus vicios y virtudes.
De ahí que la Contralora General, Marta Acosta, haya advertido los riesgos de que gente tachada por esa instancia pueda ocultar sus pecados al pedir el voto ciudadano, con la amenaza —en estos tiempos en que el crimen organizado y el narcotráfico coinciden estrategias— de la infiltración de estas redes, como lo está recalcando día a día el Fiscal General de la Nación, Jorge Chavarría.
Desgraciadamente estamos ante la eventualidad de que las asambleas se desentiendan de la exigencia de asepsia ética y moral, lo que significaría zancadillear las instituciones fundamentales de la democracia costarricense para someterlas.

Álvaro Madrigal
 

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