Un 78% de los ticos cree que Gobierno gasta mal los recursos

Un 78% de los costarricenses afirma que el Gobierno gasta mal los recursos que administra, y esta es la principal razón que dan para no aprobar nuevos impuestos.

Dicha visión se confirma en la encuesta realizada por el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, por Vanessa Beltrán y Jesús Guzmán, para el Informe Estado de la Nación.

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De igual forma piensan varios diputados que se niegan a ratificar reformas tributarias hasta que el Gobierno controle el gasto público y se abstienen a darle vía rápida a esta iniciativa.

Las exoneraciones, las contrataciones infructuosas, los pluses salariales, la duplicidad de funciones y el desperdicio son algunas de las críticas de la población y de los diputados a la forma de gastar del Ministerio de Hacienda.

Eso empeora la situación, cuando un 55% considera que el Gobierno realiza una pésima labor recaudando impuestos y apenas un 29,7% piensa que hace un buen o muy buen trabajo en este rubro.

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Además critican que el régimen tributario es regresivo, es decir que pagan más impuestos los pobres que los ricos, o que se pagan por igual.

La administración de Luis Guillermo Solís ha insistido en que el alto déficit fiscal es uno de los principales problemas nacionales; sin embargo, las personas no lo perciben así, incluso el estudio refleja que un 91% de la muestra desconoce las propuestas de los últimos cuatro años.

Esta mala percepción hace que las personas consultadas se pregunten para qué nuevos impuestos, si no cobran bien los que hay y si esto no se refleja en mejores servicios públicos y otros aspectos de competitividad como infraestructura y clima de negocios.

El Gobierno presentó varios proyectos relacionados con esta materia, de los cuales se aprobó el de lucha contra el contrabando, la Ley contra el Fraude Fiscal, el paquete de reforma a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos y la Ley de Impuesto sobre Personas Jurídicas.

Sin embargo, quedan en el tapete la Ley de Fortalecimiento Fiscal que incluye el impuesto general de ventas, el de la renta, la promoción del buen desempeño de los servidores públicos para una gestión pública de calidad y la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo ambiente legislativo no es muy favorable y se complicó cuando Liberación Nacional anunció que sometería a un “impasse” la vía rápida.

Se trató de consultar a Helio Fallas, ministro de Hacienda, solo los resultados de la encuesta pero al cierre de edición no había contestado.

Diputados piensan igual

Las fracciones legislativas comparten la visión de los ciudadanos y solicitan un cambio en la manera en que se administran los recursos públicos.

Edgardo Araya
Jefe de fracción
Frente Amplio

Es necesario que los gobiernos brinden un uso eficiente a los recursos públicos y que no hagan contrataciones infructuosas, que transfieran más dinero a la niñez, los adolescentes y las personas con discapacidad.

Karla Prendas
Jefa de fracción
Liberación Nacional

Hay despilfarro y gastos innecesarios en publicidad y consultorías; se deben hacer un replanteamiento y una subejecución de los presupuestos e incentivar el gasto integral, de manera que exista eficiencia en el gasto corriente.

Ottón Solís
Diputado
PAC

Los reformadores neoliberales nunca se han preocupado por la productividad del Estado y la izquierda considera erradamente que la eficiencia no es un concepto aplicable al sector público. Por ello, ni los gobiernos anteriores ni el actual se han preocupado por este importante tema.

William Alvarado
Jefe de fracción
PUSC

Hay una duplicidad en las acciones que realizan diferentes instituciones del Estado; igualmente no existe articulación entre ministerios e instituciones autónomas de un mismo sector. Eso provoca un incremento en el gasto.

Natalia Díaz
Diputada
ML

La racionalización de los gastos no ha sido prioridad para este gobierno y uno de los ejemplos ha sido la falta de apoyo a impulsar propuestas que recorten los gastos superfluos y que regulen las finanzas públicas.