Sanciones migratorias ante la contratación irregular de personas extranjeras

Johanna Gómez Frittella

Abogada de BDS Asesores

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Cuando las empresas realizan procesos de reclutamiento, es frecuente que entrevisten a candidatos extranjeros y que, eventualmente, en caso de que cumplan con el perfil deseado, se decidan contratarlos. No obstante, es crucial que las organizaciones verifiquen el estatus migratorio de estos trabajadores, así como el hecho de que la categoría migratoria que posean les permita desempeñar labores remuneradas legalmente en Costa Rica.

Una persona extranjera no puede ser contratada utilizando solamente su pasaporte. Es indispensable que disponga de un Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (DIMEX), el cual puede ser emitido con " libre condición " o "condición restringida".

Si el DIMEX indica "libre condición", significa que se puede contratar a la persona extranjera sin problema. Sin embargo, también se debe prestar atención a la fecha de vigencia del documento, el cual debe mantener vigente el titular y en buen estado, para todos los efectos.

En caso de que el DIMEX indique "condición restringida", la persona extranjera no está habilitada para trabajar de manera libre en el país. En tales casos, se recomienda no proceder con la contratación hasta contar con la resolución de aprobación emitida por Migración, en la cual se indiquen los detalles de dicha condición.

Contratar a extranjeros con un estatus migratorio irregular puede ocasionar sanciones para la empresa. Si el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o la Dirección General de Migración y Extranjería detectan irregularidades o incumplimientos relacionados con la contratación de extranjeros o con sus documentos migratorios, se podrían imponer penalizaciones, es decir, multas e, incluso, la deportación del trabajador.

El artículo 177 de la Ley General de Migración y Extranjería establece lo siguiente: “Las personas físicas o los representantes de las personas jurídicas, públicas o privadas, que proporcionen trabajo u ocupación a personas extranjeras no habilitadas, para que ejerzan actividades laborales en el país o realicen actividades diferentes de las autorizadas, serán sancionadas por la Dirección General con una multa que oscilará entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. Dicha multa se integrará al Fondo Especial de Migración establecido por la presente Ley, y su monto será determinado según la gravedad de los hechos y el número de personas extranjeras a las que se les otorgue trabajo en condición irregular”.

En caso de que la Policía Profesional de Migración descubra dichas irregularidades, la empresa podría enfrentar las sanciones mencionadas en el artículo anterior y el trabajador sería sometido a un proceso de deportación.

La Policía de Migración posee la facultad de investigar la situación migratoria de los empleados extranjeros. Los inspectores pueden solicitar acceso a los lugares de trabajo durante el horario laboral con la finalidad de verificar la vigencia de los documentos de identidad, cédulas de residencia y autorizaciones laborales, para garantizar así el cumplimiento de la normativa migratoria.

Precisamente por ello, resulta esencial revisar la vigencia, legalidad y alcance de los documentos de identidad de los trabajadores extranjeros con el fin de evitar futuros inconvenientes.