Mano dura al gasto parece la única salida ante retroceso de finanzas públicas

Ante el retroceso de las finanzas públicas en algunos indicadores vitales, una mayor disciplina fiscal parece la única salida viable para evitar que las finanzas del Estado se deterioren nuevamente, de acuerdo con varios expertos en finanzas consultados por LA REPÚBLICA.

Y es que la posibilidad de generar nuevos ingresos por el lado de una reforma fiscal parece una quimera en medio de un año preelectoral, ya que ningún partido político o candidato, se comprometería con aumentar los impuestos para no afectar su caudal electoral.

Lea más: Déficit fiscal muestra leve deterioro y llega a ¢395 mil millones

Por otra parte, la venta de activos (BCR y Fanal), la reforma del Estado con cierre de instituciones como el CNP y varias dependencias del MOPT y Minae, son propuestas que tienen un futuro incierto en estos momentos.

A ello, habría que agregar la propuesta de Ciudad Gobierno, que permitiría reducir los alquileres del Estado en unos $20 millones, según Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, no tiene posibilidades reales de avanzar. El problema, es que el plan propuesto por el presidente Rodrigo Chaves no tiene viabilidad política, ni el visto bueno de la Contraloría.

Lea más: Déficit fiscal del 2024 será mayor al del año anterior estiman economistas de la UNA

En noviembre anterior, el Gobierno Central reportó un déficit financiero equivalente al 3,22% del producto interno bruto (PIB), que resulta mayor al 2,54% registrado en el mismo periodo de 2023.

Un aumento en el gasto público erosionó el superávit primario, a la vez que se incrementó el pago de intereses. Entre enero y noviembre de 2024, el gasto total del Gobierno creció en ¢570 mil millones en relación con el 2023, alcanzando ¢8,16 billones, lo que equivale al 16,65% del PIB, según Hacienda.

El déficit financiero, que es la brecha entre los ingresos y los gastos totales del Gobierno, incluido el pago de intereses, muestra un aumento por segundo año consecutivo, ya que pasó de -1,9% del PIB en 2022 a 3,22% del PIB para 2024.

Por otra parte, si se toma en consideración el déficit fiscal en términos absolutos, queda al descubierto que este indicador tuvo un incremento interanual de ¢328 mil millones entre 2023 y 2024, para ubicarse en ¢1.579.763 millones en noviembre pasado.

En medio de este panorama, las presiones de los sectores al Ministerio de Hacienda son fuertes: se requiere más dinero para seguridad, educación y salud, según sindicatos, diputados de oposición y jerarcas del OIJ, Ministerio Público y Poder Judicial.

Sin embargo, Nogui Acosta, jerarca de esa cartera, ha dicho que no hay de dónde sacar más y que, por ejemplo, si él decidiera cumplir con el 8% del PIB para la educación, como ha ordenado la Sala IV, tendría que cerrar varias instituciones del Gobierno Central o incluso dejar sin un solo colón al Poder Judicial.

En días recientes, Liberación Nacional presionó al gobierno amenazando con no aprobarle ningún proyecto de ley, si no cumplía con sus obligaciones financieras con el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

Esto pone sobre la mesa la necesidad de generar recursos frescos para subsanar estos problemas; sin embargo, aprobar una reforma como la de 2018 no parece viable.

“Este gobierno debe reducir el gasto, lo cual no ha hecho en dos años; al contrario, lo incrementó en un 9%, concentrándose principalmente en remuneraciones (salarios) y transferencias. No necesitamos nuevos impuestos, sino que se ajuste el gasto, que se reduzca el pago de intereses y que se mejore la recaudación”, aseguró Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

Agregó que una reforma fiscal no es la solución inmediata para los problemas financieros del país, pero sí lo es atacar la evasión y la elusión fiscal.

Además, mencionó que el gobierno tiene $2 mil millones en eurobonos que puede colocar, a la vez que debe poner a funcionar los escáneres, algo que no ha hecho de manera eficiente.

Si se reduce el gasto y se aumenta la recaudación, el país podría destinar recursos a los sectores prioritarios y cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI), según los expertos en finanzas.

En 2023, se logró reducir la deuda como porcentaje del PIB, pasando del 61,1% proyectado por el FMI al 59,7% para 2025; sin embargo, al incluir los intereses, el déficit fiscal llegó al -2,9% del PIB, representando un deterioro de 0,4 puntos porcentuales en comparación con 2023 (-2,5% del PIB).

Aunque las cifras fiscales son alentadoras, hay ajustes pendientes, como equiparar el impuesto al valor agregado para todos los sectores y unificar los tramos tributarios entre asalariados y trabajadores por servicios profesionales.

Sin embargo, es poco probable que, con las elecciones en el horizonte, se aprueben este tipo de reformas, aseguró Daniel Suchar, analista financiero.

“Nadie va a arriesgar sus votos aprobando una reforma del Estado o la venta de activos como el Banco de Costa Rica, el Consejo Nacional de Producción, BICSA, la Fábrica Nacional de Licores o negocios como kölbi. Tampoco habrá una mayor explotación de los recursos naturales”, destacó Suchar.

“Una reforma fiscal en estos momentos tomaría mucho tiempo en generarse y aprobarse, y podría impactar el crecimiento económico. El problema de las finanzas públicas radica en un deterioro del superávit primario, pero esto no implica necesariamente que deban realizarse cambios estructurales”, aseguró Mauricio Moya, líder de Inversiones del Mercado de Valores.

Moya añadió que existen medidas paliativas que podrían implementarse, enfocadas en un control efectivo del gasto y un manejo adecuado de la deuda para reducir las cargas financieras.

Los eurobonos representan una alternativa en esta línea de menores cargas; no obstante, su viabilidad dependerá de las condiciones de las tasas de interés.