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Luis Guillermo Solís culpa a diputados anteriores por escándalo de sobornos en obras públicas

Esteban Arrieta [email protected] | Martes 15 junio, 2021 11:33 a. m.


Luis Guillermo Solís, expresidente.
Luis Guillermo Solís, expresidente. Archivo/La República.


El caso de supuesta corrupción con la adjudicación de obras públicas se pudo haber detenido desde antes, según el expresidente Luis Guillermo Solís, quien culpó a la anterior Asamblea Legislativa por no apoyar un proyecto para cerrar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que él había presentado.

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Dicha institución, el MOPT, la Casa Presidencial y varias empresas fueron allanadas ayer por una supuesta red de sobornos en la adjudicación de contratos de construcción por ¢78 mil millones.

“Al igual que otros gobiernos, enfrentamos un sistema perverso lleno de trabas y complejidades burocráticas históricas que nos llevó a plantear a la Asamblea Legislativa el cierre del Conavi y a iniciar acciones contra corruptos sospechosos de cometer actos ilegales. Lamentablemente, los diputados de ese entonces decidieron archivar esta iniciativa de ley, y los estrados judiciales reinstalaron a estos funcionarios en sus puestos, obligando a la administración a pagarles costas y salarios caídos”, dijo Solís en su muro de Facebook.

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La investigación que realiza el Organismo de Investigación Judicial por el supuesto pago de sobornos a unos 20 funcionarios públicos, implicaría el otorgamiento de lotes, viajes, carros y favores sexuales, según Wálter Espinoza, director del OIJ.

Los funcionarios habrían colaborado con el otorgamiento irregular de contratos de obra pública con importantes empresas desarrolladoras del sector privado por un valor de ¢78 mil millones.

Se trata de las empresas Meco, H Solís, Constructora Herrera y Cacisa, agregó Espinoza.

Peculado, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias serían los delitos que se están investigando.

Esta es la segunda vez que la Casa Presidencial fue allanada en esta administración, ya que anteriormente, las autoridades judiciales dirigieron operativos en Zapote por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).


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