Ley de empleo público entra hoy en vigencia, ¿cuánto dinero se va a ahorrar el país?

Con una gran incógnita sobre el verdadero ahorro que significará para los costarricenses, este viernes entró a regir la ley de empleo público; la cual, promete frenar la bola de nieve que significan los pluses salariales de los burócratas.

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Se trata de la reforma más importante en materia de remuneraciones en más de 50 años y posiblemente de la historia para Costa Rica, ya que prohíbe la creación de nuevos pluses, frena el crecimiento de los incentivos actuales y establece un salario máximo por puesto para todo el Estado.

En principio, la ley permitiría un ahorro anual de ¢309 mil millones; sin embargo, la actitud rebelde de más de 50 instituciones -al cierre de edición – amparadas en un portillo legal que abrió la Sala IV en torno a la autonomía, desinfló el impacto de la normativa.

Ahora, los cálculos más favorecedores rondan el 65% de lo estimado inicialmente; es decir, unos ¢200 mil millones al año, de acuerdo con Daniel Suchar, analista financiero. El gobierno declinó mencionar un objetivo en términos de una meta de ahorros.

Se trata de una estimación que podría variar significativamente, porque habría que determinar el impacto de la salida del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y más de 40 municipios, quienes declararon todos sus puestos “exclusivos y excluyentes” de la ley de empleo público.

A este grupo, podrían unirse las universidades estatales y la Caja. Al cierre de edición, no habían anunciado su decisión.

Al declarar sus puestos únicos, las instituciones pueden definir sus propias normas y escalas salariales máximas.

“Obviamente que una cosa es la proyección desde su génesis y otra cosa, es calcular los ahorros ahora que ya empezaron a saltarse la ley. Definitivamente, no será el mismo ahorro de ¢309 mil millones, pero lo que sí es claro, es que los ahorros sí son mayores a lo que pagamos ahora, y eso es un buen comienzo. Es difícil calcular, pero puede llegar al 65% de lo proyectado aproximadamente”, dijo Suchar.

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La ley de empleo público establece un mismo salario por puesto laboral en todo el Estado, de manera tal, que un trabajador con iguales responsabilidades en una institución de gobierno central, ganará lo mismo que un funcionario de un ente autónomo o municipal.

En los casos en que un funcionario devengue más del salario global establecido, la ley prohíbe los aumentos por costo de vida, incentivos, pluses o cualquier otra categoría, frenando de una vez los incentivos.

En ese sentido, detener el gasto en remuneraciones que hace el Estado es fundamental, si se considera que hoy día, Costa Rica es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que más dinero invierte de lo recaudado en tributos porcentualmente.

En este momento, países como Japón, Estados Unidos, Reino Unido y Colombia invierten un 25% en promedio, mientras que nuestro país gasta la mitad de lo que recauda para pagar el salario de los burócratas. Al año, se invierten más de ¢2,6 billones en salarios para el gobierno central y esa cifra se duplica con todas las instituciones autónomas.

Por otra parte, la ley de empleo público es relevante para cumplir con los acuerdos logrados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Tenemos una serie de metas acordadas con el FMI y en ese sentido, la ley de empleo público es fundamental para alcanzar esos objetivos. Por otra parte, la iniciativa pone orden en la gran disparidad que se ha dado por los pluses salariales que se otorgaron a través de convenciones colectivas. Hay diferencias de hasta 600% en los salarios de algunos funcionarios, disparando el gasto público a tal punto de ser el principal rubro del presupuesto”, aseveró Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy.

La iniciativa de empleo público fue aprobada por los diputados del anterior gobierno, con la intención de acabar con las diferencias salariales que han abierto un abismo en materia de remuneraciones; asimismo, se pretende racionalizar el gasto y lograr un ahorro para el Estado.

Debido a la fuga de instituciones de la ley, el presidente Rodrigo Chaves la declaró como adefesio y prometió el inicio de un diálogo nacional para cerrar los portillos.

“La ley tiene un montón de portillos que buscaremos cerrar pronto, a la vez que mantiene la inequidad y la injusticia salarial entre los empleados del Estado y la población en general (…) Cómo puede ser que usted le paga menos a un ministro, que a una persona que trabaja en una universidad estatal solo porque dice que es autónoma en su funcionamiento, cómo se justifican salarios millonarios para conserjes. Por eso, yo digo que se trata de una ley que es un adefesio”, dijo Chaves.