La trata de personas es una realidad en Costa Rica

Si creen que la trata de personas y la explotación sexual se originan en países que no son de renta media, en donde el analfabetismo y la hambruna forman parte de la realidad nacional, están equivocados. La trata de personas, que consiste en la compraventa y explotación sexual y laboral de seres humanos, no tiene límites, ni nacionalidad o etnia. Es una actividad ilícita que mueve una población que supera dos millones de personas, en unos 130 países en el mundo (incluyendo Costa Rica) vinculada con el tráfico de drogas, órganos y migrantes, el crimen organizado y la esclavitud en el mayor grado de denigración humana.

Aunque el modus operandi común de la Trata, es el traslado de las víctimas desde países pobres o en conflictos bélicos, hacia naciones más ricas y estables políticamente, la realidad es que en las últimas décadas se ha visto que este acto delictivo se ha propagado y penetrado en todo tipo de sociedad, convirtiendo a países como el nuestro, en un centro de origen, destino y trasiego.

En Costa Rica, el gobierno ha dirigido esfuerzos en cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, respetando la Guía Anotada del Protocolo Completo de la ONU Contra la Trata de Personas, promulgada en el 2002. Esta, según se describe en su introducción, es una herramienta de apoyo para el desarrollo de un marco normativo de derechos humanos para la elaboración de políticas públicas y legislación nacional sobre la trata de personas. La misma tiene como objetivo prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

La trata se da en mujeres y hombres, pero se concentra en la población de niñas y mujeres que conforman más del 80% de las víctimas, y de éstas, entre el 10% y el 30 % son menores de edad.

En el 2019, un informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, indica que en Costa Rica el gobierno no ha cumplido con los estándares mínimos, pero está haciendo esfuerzos para alcanzarlos. Lo anterior coloca al país en un nivel 2; el nivel 1, es para el cumplimiento alto de los estándares mínimos para la protección legal contra la trata de personas.

Esta clasificación considerada como “insuficiente esfuerzo” es compartida por organizaciones de la sociedad civil que sostienen que las autoridades no han implementado consistentemente los mecanismos de referencia de manera efectiva u oportuna o en coordinación con ellos, además de considerar que son escasos los recursos financieros necesarios para abordar esta problemática. Cabe destacar, entre algunos avances logrados en nuestro país, el realizado por la Corte Suprema, que dirigió fondos para la implementación de un plan de acción en el área judicial, dando prioridad al desarrollo de capacidades para la Fiscalía General, el OIJ y las autoridades judiciales y la sensibilización pública sobre cómo identificar la trata.

Hoy, que se conmemora el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, es oportuno recordar que este crimen se puede y debe combatir, iniciando con la obligación del Estado, -y apegado al derecho internacional-, de actuar con la diligencia debida para prevenir el delito, investigar y procesar a quienes la cometen.

También es deber del gobierno ayudar y proteger a las víctimas, teniendo en cuenta que las medidas contra la trata nunca deberán menguar los derechos humanos y la dignidad de las personas lesionadas. Las víctimas de la trata de personas no deben serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber entrado o residir ilegalmente en los países de tránsito y destino, ni por haber participado en actividades ilícitas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de la acción delictiva realizada en su contra.

De nuestra parte, ciudadanos, mantengámonos informados sobre la trata de personas, conociendo las mañas de estos delincuentes para captar a sus víctimas ([email protected]) y poder identificar las señales que advierten el engaño, los escenarios en los que más se presenta y cómo actuar en caso de estar en riesgo o encontrar a alguien que lo está.

La explotación sexual es un grave delito y una grave violación de los derechos humanos. No permitamos que este flagelo destruya las vidas de nuestras niñas y jóvenes.