¿Dueña de la información?
Vilma Ibarra [email protected] | Miércoles 09 julio, 2008

¿Dueña de la información?
Vilma Ibarra

En el intento por explicar —con el ejemplo de unos pocos casos— el conjunto de la situación de todas las contrataciones de asesores externos, funcionarios de planta y personas aparentemente ajenas al desempeño de cualquier tarea relacionada con programas denominados “para la toma de decisiones” y “fortalecimiento de la gobernabilidad”, no ha salido a relucir la transparencia que nuestras máximas autoridades aducen, sino por el contrario, un nivel de opacidad que genera una duda razonable, acerca de por qué simplemente no se dio a conocer desde un principio la famosa lista de nombres con sus correspondientes honorarios, tareas y responsabilidades.
Dicho en otras palabras, para justificar la situación sin revelar la información solicitada, el Ejecutivo ha puesto como escudo a los verdaderos colaboradores, los que sí han brindado sus servicios profesionales y pueden probar que han trabajado; los han puesto de escudo —repito— y con esa errática estrategia solo han logrado dar cabida a las inevitables especulaciones que tanto el Ministro de la Presidencia como el Presidente de la República tan agriamente han condenado tratando de convencernos de que todo es producto de una especie de confabulación de un sector de la prensa y los políticos de la oposición.
La transparencia no puede ser un discurso (por lo demás cargado de reproches y quejas que ya cansan porque se repiten una y otra vez). La transparencia solo se puede demostrar con hechos. Y lo propio cuando existen cuestionamientos es responder a esos cuestionamientos y si procede admitir los errores cometidos, por acción u omisión, pedir disculpas y por supuesto, sentar las responsabilidades de cada caso, incluyendo por supuesto y en primer lugar las de los más altos cargos.
Los cuestionamientos de la prensa pueden ser considerados válidos o no. Pero lo cierto es que —aunque irritantes— son absolutamente legítimos porque constituyen parte esencial del deber de los medios de comunicación de poner en conocimiento del público información que es de interés público. Es lo que se llama interés común. Y si como dice el controvertido director del BCIE Alfredo Ortuño —que por cierto sorprendentemente se fue de vacaciones en pleno escándalo— la Casa Presidencial es la “dueña” de la famosa información, pues que la libere de una vez por todas, porque esto no debería interpretarse como una especie de guerra de desgaste para ver quién se cansa primero, porque en todo caso, es la imagen del gobierno del presidente Arias la que una vez más lleva las de perder.
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