Colocación de escáneres en puertos y fronteras para controlar evasión será una realidad a partir de 2024

La colocación de escáneres en los puertos de Limón y en los puestos fronterizos de Paso Canoas y Peñas Blancas, así como la presentación de informes sobre el proyecto de Hacienda Digital y establecer una mesa de trabajo para abordar temas fiscales y de gestión de la deuda, son algunas de las condiciones que deberá cumplir el presidente Rodrigo Chaves para garantizar el acceso a los eurobonos por $5 mil millones.

Tras una compleja negociación política que se extendió por semanas, los legisladores dieron al gobierno el permiso para cambiar deuda cara -en cuanto a plazos y tasas de interés – por deuda con mejores condiciones en el mercado externo.

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No obstante, exigieron una serie de medidas tendientes a evitar que se abra la llave del gasto y al mismo tiempo, luchar contra la evasión fiscal.

En ese sentido, los escáneres que se colocarán en los puestos fronterizos y en los puertos de Limón, ayudarán a frenar el contrabando y la evasión fiscal, que se calcula en unos $3.600 millones al año.

Los primeros escáneres se instalarán en 2024 en Paso Canoas y Japdeva y un año después, en Peñas Blancas. En caso de que el gobierno no cumpla su promesa, no podrá emitir más de $2 mil millones en eurobonos para esos años.

“Vamos a ser muy vigilantes de que esos escáneres sean implementados, al igual que todos aquellos que están concesionados y no pudieron ser incluidos; además, desde el Frente Amplio seguiremos proponiendo medidas antifraude y anticorrupción y por ello, desde hace meses le entregamos una lista con ocho proyectos de ley al gobierno para combatir el fraude”, dijo Sofía Guillén del Frente Amplio.

La colocación de bonos de endeudamiento en el mercado internacional es fundamental para la sostenibilidad fiscal del país, ya que esto ayudaría a mantener las tasas de interés controladas, además de facilitar la disponibilidad de crédito y evitar que el tipo de cambio del dólar se dispare. Todo ello, se traduciría en generación de empleo y bienestar para los costarricenses.

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El país tiene vencimientos de deuda por más de $7 mil millones en los próximos cinco años y de ellos casi $3.600 millones son de deuda externa. A inicios del otro año se deben pagar $1 mil millones.

“Como oposición nos corresponderá velar por el debido cumplimiento de las condiciones acordadas y garantizarle a los costarricenses la transparencia en el uso de los recursos obtenidos, en virtud de las emisiones autorizadas con la aprobación de esta ley”, dijo Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN.