¿Cuánto tiempo más para poner fin a estas amenazas y asesinatos (contra ecologistas)?

Pizarrón

El asesinato de ecologistas

La mañana del siete de diciembre de 1994 fueron asesinados los miembros de la Asociación Ecologista Costarricense, Oscar Fallas, María del Mar Cordero, Jaime Bustamante y David Maradiaga. Les quemaron la habitación en que estaban durmiendo con un candado en su exterior impidiendo su escape o salida del incendio. Su lucha: una multinacional maderera, la Stone Forestal, en Osa.
El 31 de mayo pasado fue secuestrado y asesinado el joven ecologista de 26 años Jairo Mora, quien había dedicado la mitad de su vida a la defensa de las tortugas en Moín, Limón, donde murió, y en otras playas del país. Estaba acompañado de cuatro jóvenes extranjeras que tuvieron la suerte de no ser asesinadas porque el objetivo era Jairo. Lo secuestraron interceptando su auto, capturándolo y ejecutándolo con un disparo en la cabeza en la playa.
Momentos antes, un policía le había advertido del peligro que corría, policía que si no está implicado directa o indirectamente en este cobarde crimen, debería ser investigado como probable cómplice de este asesinato, porque sabía lo que iba a suceder esa noche y madrugada.
Los ecologistas, conservacionistas y ambientalistas están expuestos a este tipo de amenazas, intimidaciones, violencias verbales o físicas, por los intereses económicos que enfrentan y por los políticamente comprometidos con esos grupos.
Por la defensa ambiental que realizan, por la lucha contra la deforestación, contra los intereses mineros o madereros afectados, o de los que con el pretexto del saqueo de huevos de tortuga hacen negocios con el narcotráfico y bandas criminales que en algunas zonas del territorio nacional, como el Caribe, han desarrollado un imperio de terror y de dominio que alcanza autoridades civiles, judiciales, policiales, que conocen de estas situaciones, como las denuncias contra el saqueo de huevos de tortuga, la cacería de tortugas, que constantemente ponía Jairo en sus despachos y manos, se hacían indiferentes, se justificaban en su burocracia, o apadrinaban a los criminales con su abulia institucional, y cuidado que no ocurriera, que la propia policía cuidara por las noches a estos criminales organizados.
Los casos de persecución y amenazas de ambientalistas son constantes. Gilbert Rojas en Ostional, fue amenazado con disparos de arma y su casa fue quemada, a Carlos León en INA Sur le quemaron su casa, a los ambientalistas Gadi Amit y al director de Elpais.cr, Carlos Salazar, por denuncias que hicieron relacionadas con el acuífero de Sardinal los amenazaron, a las oficinas del MINAET en el Area de Conservación de Osa, en Palmar Norte, las quemaron, a Alcides Parajeles por denuncias contra madereros en la Península de Osa le destruyeron su finca, la sede policial de Rancho Quemado de Osa, donde en 1999, estando detenidos varios ecologistas que protestaban contra la deforestación la quemaron.
También apareció muerta Kimberley Blackwell, conservacionista canadiense radicada en el país, en Puerto Jiménez, les quemaron la casas a Antonio Zúñiga y Oscar Quirós que luchaban contra el relleno sanitario en Mora, fue amenazado Marco Tulio Araya en San Carlos … y la lista la podría agrandar… ¿cuánto tiempo más para poner fin a estas amenazas y asesinatos?
Sus asesinos siguen impunes, pero la conciencia ciudadana no los ha olvidado ni dejará de recordarlos.

Vladimir de la Cruz

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